Proyectos Desaparecidos - Notas

B. Blanca: Canción de Alicia en el país....

2012-01-29T14:21:27Z

Alicia Partnoy empezó a militar para difundir todas las atrocidades que ocurrían en la dictadura militar y porque no quería vivir en un país sin libertad. Ese ideal le costó su secuestro y no saber de su hija durante largo tiempo. Valientemente, Alicia brindó testimonio en el juicio contra 17 represores en Bahía Blanca. Durante 1977 Alicia Mabel Partnoy vivía en la calle Canadá 240 de Bahía Blanca junto a su marido Carlos Sanabria y su hija Ruth. Alicia de 21 años y Carlos de 22 militaban en la Juventud Universitaria Peronista al tiempo que ella estudiaba Letras en la Universidad Nacional del Sur. Finalmente la carrera se cerró y a Alicia le quedaban materias libres por rendir “pero después del golpe militar ir a la universidad se convirtió en algo muy difícil porque a la entrada de la universidad nos pedían el documento de identidad, y no sabíamos si estábamos en alguna lista, si nos estaban buscando…”. Según Alicia “podíamos llegar a desaparecer así que tampoco rendí las materias en esa época”. Alicia Partnoy, hoy con 56 años, profesora, escritora y residente en Estados Unidos, dice que durante los tiempos de la dictadura militar en Bahía Blanca, ella conocía lo que estaba ocurriendo en el país y que las desapariciones se repetían: “Yo por eso decidí militar en el momento del golpe porque mi hija tenía nueve meses y no quería que creciera en un país donde no había libertad”. Su militancia consistía en la recopilación de datos e información sobre secuestros, desapariciones y torturas para luego diseminarlas: “Esa era la única forma de difundir lo que estaba pasando”. Mucha de esos datos documentados, Alicia los mostró al tribunal que juzga a 17 represores acusados de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Lo hizo al momento de prestar declaración como testigo en la mañana del martes 27 de diciembre de 2011. No cuentes lo que viste… Cuando secuestran a su tío José y a su primo, Alicia decide irse de su casa por su seguridad y la de su hija. Lo mismo hace en el momento en que se llevan a sus amigos Néstor Junquera y María Eugenia González de Junquera. Sin embargo, el 12 de enero del 77 el Ejército golpeó la puerta de su hogar: “Estaba con mi nena, mi esposo había ido a trabajar”. Alicia vivía en el fondo y el timbre sonaba insistentemente. Su hija la seguía mientras Alicia iba a atender la puerta hasta que escuchó golpes muy fuertes: “El Ejército, abra”. “Me di vuelta, empecé a correr por el pasillo, pensé, dudé en un instante si llevar a la nena conmigo para saltar el tapial del fondo de mi casa. Le dí un beso, corrí y salté. Lo último que escuché de ella en los siguientes cinco meses fue que rompió a llorar. Sentí una bala, sentí tiros y no supe que había pasado con ella”. La huida no se pudo concretar ya que en un baldío la esperaban más soldados. La metieron en un camión, que luego fue a buscar a su marido al trabajo, y ambos fueron llevados al Comando V del Ejército. Descalza, Alicia es ubicada en una sala y luego llevada a otro sector donde le toman declaración: “Escucho la máquina de escribir”. Le pidieron datos de su militancia que ella negó, y la devolvieron a la sala: “A la tarde me llevan vendada y esposada en el piso de un auto, parecía un jeep”. Alicia pensó en tirarse del vehículo pero hubo algo que pesó más para decidir seguir: “El único motivo por el que no me tiré es porque tenía mis amigos, Néstor y Mary desaparecidos y tenía la ilusión de que tal vez los iba a ver allí”. Alicia Partnoy fue trasladada a otro sector en donde los muros llevaban la inscripción “Triple A”. Ella estaba vendada pero puede observar por debajo de la venda. La noche la pasó en La Escuelita atada en un colchón mientras escuchaba gritos que le parecían que era de un animal. En realidad, era su marido soportando la tortura. En otro momento, llegó el turno de su propio interrogatorio: “La tortura más grande que yo sufro es no saber qué habían hecho con mi hija”, narró Alicia quien señaló que los torturadores le decían que la iban a matar mientras le traían al esposo totalmente lastimado y le leen el testimonio de una persona que había sido torturada. Allí, en La Escuelita, Alicia estuvo tres meses y medio. Por debajo de la venda, Alicia reconoce a Alicia Izurieta, su mejor amiga de la UNS con quien, durante el cautiverio, siempre lograba conversar, Respecto a su hija Ruth, había quedado con unos vecinos, y luego sus abuelos la fueron a recoger. Los padres de Alicia fueron al Comando, hicieron múltiples gestiones y presentaron una nota donde piden entrar a la casa precintada de Alicia para rescatar cosas de Ruth. Un 22 de abril, sus padres reciben una lista firmada aparentemente por Delmé, hoy juzgado, que contenía objetos personales y venía acompañada de un monedero. Alicia mostró la lista al tribunal y pidió entregar los objetos. Tres días después, el “Mono” Núñez la traslada a Villa Floresta donde pasa 52 días: “Soy una presa sin nombre y una celda sin número” señaló: “A mi entender yo estaba desaparecida”. Unas presas comunes y unas monjas deducen que ella era Alicia Partnoy y se lo comunican, solidariamente, a la familia. En esos 52 días, Alicia trató de recordar poemas que había escrito antes de su desaparición y escribe unos nuevos que luego Patricia Chabat recuperará y le entregará. Alicia y su familia sufrieron en demasía lo vivido. Tal es así que su hermano se enfermó de esquizofrenia que lo llevó al suicidio y sus padres “están asustados por mi presencia en Bahía Blanca, tienen mucho miedo de que alguien me haga algo”. Estamos en la tierra de nadie… Según su propia descripción, La Escuelita era una casa vieja, tenía dos habitaciones donde estaban los detenidos, un hall intermedio con el guardia de turno, ventanas con postigos y rejas del tipo colonial: “Capaz que los señores a mis espaldas pueden explicar mejor cómo era el lugar porque están hablando”, dijo Alicia luego de que se escuchara un irrespetuoso murmullo de uno de los asesinos imputados. Respecto a cómo pudo reconocer cada sector explicó: “Tengo una nariz grande, eso que a uno no le gusta cuando es adolescente, era muy útil cuando tenía una venda porque es más fácil que se mantengan ciertas ranuras debajo de los ojos”. Alicia pudo ver las habitaciones, el pasillo, la sala de torturas y por un guardia llamado Heriberto Lavallén “El zorzal” se enteró de la existencia de una casa rodante donde habría dado a luz Graciela Romero de Metz. Alicia pidió al tribunal una pizarra y dibujó un croquis de La Escuelita. En el gráfico se veía una ventana que, dijo, a veces la abrían: “Un día que me encuentran hablando con Zulma me castigan haciéndome sentar al sol, con la ventana abierta hacía mucho calor”. Alicia habló además de un aljibe donde habían colgado a un detenido y de una cocina en donde le hicieron lavar una fuente grande de ensalada para poder asistir al bebé de Metz. Alicia recordó que, anterior a eso, un supuesto enfermero le había recetado a Metz que caminara para facilitar el parto. Ella era la mujer que daba vueltas alrededor de una mesa y que muchos testigos declararon haberla escuchado. Entre el 16 y 17 de abril, Graciela dio a luz a un varón. Los guardias decían que ese bebé iba a ser adoptado por uno de los torturadores. Alicia sólo recuerda al “Tío” y al “Pelado”. Esos guardias también comentaban acerca de que uno de ellos estaba comprando ropa de bebé. .Por otra parte, Alicia no pudo ver a sus amigos Junquera pero sí reconoció sus pertenencias allí. También detalló humillaciones soportadas por sus compañeros que en algún momento fueron vestidos con ropa de mujer, los manoseos y abusos sexuales sufridos por las mujeres y hasta el hecho de permitir que dos víctimas mantuvieran relaciones para que, los represores, pudieran observarlos. Loro, Bruja, Gato, Vaca, Gordo, Tino, Polo, Turco y Chiche, son algunos de los apodos de militares que Alicia recuerda y que los documentó una vez en libertad. Chiche tendría entre 22 y 23 años y era una persona arrogante, segura de sí misma y convencida de lo que hacía: “Me decía que me iban a hacer jabón por ser judía”. Chiche le preguntó a Alicia por qué era “subversiva” y ella dijo que en la universidad uno va adoptando ideas políticas. Chiche le dice que él fue a la universidad y no se hizo “subversivo”: “Te hiciste facho”, le respondió Alicia. Antes de su traslado, a Alicia le dicen que la van a llevar a ver “cómo crecen los rabanitos”. Esa ironía la hace pensar que el final se acercaba: “Estaba convencida de que me iban a matar”. Su presunción era equivocada, el traslado era a Floresta y Alicia seguiría su historia. Los inocentes son los culpables Alicia llegó a Villa Floresta muy delgada y desesperada por no saber dónde estaba su hija. Un tal Farías se comunicó con sus padres para avisarles que podían visitar a su hija y luego de un tiempo así lo hicieron acompañados de la bebé Ruth. “Ahí la veo y ahí sé que está bien”. En esa cárcel permaneció hasta el 8 de octubre de 1977 para luego ser trasladada en avión a Villa Devoto. Ese viaje duró más de 10 horas ya que pasaban a buscar a otros detenidos por diferentes penales. Con la opción obligada de tener que irse del país, Alicia se radica en Estados Unidos ya que había solicitado ir a España y no se lo permitieron. Ella estaba a disposición del Poder Ejecutivo por ser “peligrosa”. En su declaración, Alicia pidió por los hijos nacidos en La Escuelita y de los que nunca más se supo nada: “Yo no sé… si los señores a mis espaldas tuvieran información… Pero claro hicimos el Juicio de la Verdad y la verdad la contamos nosotros”. Emocionada, Alicia continuó con más palabras referidas al día tan importante que transcurría: “Hoy es un momento muy especial porque veo la justicia sin vendas en los ojos, y en Bahía Blanca la justicia sin vendas en los ojos es la justicia de verdad”. “La justicia no puede tener venda como nosotros tuvimos”, señaló. Al final de su testimonio, agradeció al tribunal por la paciencia, la voluntad y la vocación de justicia. También hizo lo propio con los organismos de Derechos Humanos, recordó a Ernesto Malisia, a los familiares y “a todo aquel que ha buscado junto conmigo justicia en estos casos”. Cuando el fiscal Abel Córdoba le preguntó qué significaban las personas con las que compartió cautiverio, Alicia dio una respuesta que puso la piel de gallina a más de uno: “Son mis hermanos”, respondió. Con mucha emoción, Alicia finalizó su relato. Ella que soportó todo lo vivido en La Escuelita, Villa Floresta y Villa Devoto; ella que escribió un libro contando todo lo vivido y que transformó el horror en poesía. La misma Alicia que se vino de Estados Unidos sólo para declarar en este juicio. Un día histórico vivió Bahía Blanca con el testimonio de Alicia, su canción y el recuerdo de sus hermanos… “Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia…” (Seru Giran) Autor: Redacción EcoDias

La Pampa: El gobierno Provincial abrirá los archivos de la represion militar

2012-01-29T14:17:35Z

El Gobierno Provincial abrirá los archivos de la represión militar Era un reclamo insistente de las querellas en el juicio contra los represores pampeanos. También lo había pedido esta semana una diputada de la oposición. El ministro César Rodríguez dijo que estarán disponibles en la Secretaría de Derechos Humanos. El gobierno provincial anunció que se abriran los archivos de la dictadura en la provincia después de que una diputada provincial planteara ese reclamo. El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, hizo el anuncio durante el acto oficial por la visita a Santea Rosa del ministro de Agricultura, Norberto Yauhar. El funcionario indicó a la prensa que ya firmó una resolución por la que los “legajos y otra documentación” de los represores y los detenidos ilegalmente durante la represión se envien a la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa. “Derechos Humanos se encargará de la documentación. Se llevará de la Jefatura a la secretaría. Ahí podrán consultarla”, señaló Rodríguez. El funcionario le dijo a la prensa que “ya se están notificando de esta resolución” los querellantes en el juicio contra los represores pampeanos, que habían hecho el reclamo en forma reiterada. Incluso se habían quejado por no poder acceder a la documentación que existe en la Jefatura de Policía de La Pampa. Un día antes del anuncio, la diputada provincial del Frepam, Lidia Duperoú de Bonifacio, había reclamado al Poder Ejecutivo Provincial “el cumplimiento efectivo” de la Ley Provincial 2103 por la que se declara la “Publicidad e intangibilidad de todos los documentos existentes en la Administración Pública, Provincial y Municipal, Centralizada y Descentralizada, vinculados con la represión ilegal y al terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”. “Estos documentos deben ser de público acceso y conocimiento a toda la ciudadanía, ya que, ese es el espíritu de la ley, y sin dilaciones ni trabas burocráticas, por lo que le solcito al señor Gobernador que arbitre las medidas necesarias al efecto”, había señalado la legisladora. También precisó que la ley prevé la intangibilidad de la documentación a través de la digitalización de archivos. “Estamos a casi ocho años de la sanción de la ley y no existe conocimiento de que el Poder Ejecutivo haya arbitrado las medidas necesarias al efecto, lo que permitiría garantizar la preservación de documentos con de gran valor histórico, social y cultural para nuestra provincia”, concluyó. Fuente: El Diario de La Pama

Caso Víctor Jara: Familiares solicitan a Allamand que entregue antecedentes sobre el asesinato

2012-01-29T14:15:16Z

En el piso 21 del Ministerio de Defensa, Joan Alison Turner Roberts junto con su hija Amanda, sostuvo una reunión de carácter privado con el titular de la cartera, Andrés Allamand, para solicitar su colaboración en la investigación del asesinato de Víctor Jara -su esposo-, ocurrido en 1973, días después del Golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas (FF.AA) -dicen los familiares- no han querido entregar toda la información que tienen respecto al homicidio. La muerte de Víctor Jara es una de otras tantas investigaciones pendientes por violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH) ocurridos en dictadura que continúan vigentes. “No vengo con mucha esperanza”, dice Joan Turner en las afueras del Ministerio de Defensa, una vez que finalizó la entrevista con Allamand, quien fue consultado por El Ciudadano respecto a la reunión, pero se negó a entregar declaraciones. Han pasado 38 años desde el homicidio de Víctor Jara y asegura que no es primera vez que las FF.AA se muestran “dispuestas” a ayudar en la investigación del caso… pero luego, las intenciones no se han concretado. Por ello -declaró Turner- ha venido a pedir la “influencia y cooperación” del Ministro para que “de una vez, las FF.AA entreguen información sobre el homicidio de Víctor Jara, sobre todo lo que pasó en relación a las violaciones de Derechos Humanos (…) han tenido tantos años para pensar dónde guardar los secretos, que es imposible sacar alguna información de estas instituciones tan herméticas”, aseguró. A la reunión también asistió el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, quien sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen todos los antecedentes como para poder decir quiénes son los responsables de la muerte de Víctor Jara y también de Litre Quiroga, ex director de Gendarmería, quien fue asesinado junto al cantautor. “Me parece inaudito que las Fuerzas Armadas puedan reconstituir la dotación de la Esmeralda en su época, o la dotación del cuartel de la batalla de la Concepción y no puedan reconstituir un hecho más reciente, del año ‘73, y todavía no tengamos respuesta”, dijo Caucoto, quien reconoció además el esfuerzo individual de la familia por recolectar información, en circunstancias que -reiteró- esta “se encuentra en estamentos estatales como el Ejército de Chile”. CAMBIO DE MINISTRO, UN RETROCESO “Queremos reiterar que las Fuerzas Armadas jamás han colaborado en la investigación del asesinato de Víctor Jara”, aseguró la directora de la Fundación Víctor Jara, Gloria Konig. Según ella, la reunión con el ministro de Defensa la venían solicitando hace bastante tiempo, pues entre los familiares de Víctor Jara ha aumentado la preocupación desde que el caso fue entregado al juez Miguel Vásquez, luego de que en junio de 2011, la sala del Senado aprobara por unanimidad el proyecto de ley que modificó el Código Orgánico de Tribunales, otorgando facultades transitorias a la Corte Suprema para la resignación de jueces. En septiembre de 2011, Juan Fuentes Belmar, quien ocupó el cargo de presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y juez encargado del caso de la muerte de Víctor Jara, fue designado por amplia mayoría como nuevo ministro de la Corte Suprema, ocupando la vacante que dejó la ministra Margarita Herreros. Dicho cambio, que formó parte de la modificación que supuestamente tenía como propósito “mejorar la administración y gestión del Poder Judicial”, significó para el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, un retroceso. Caucotó explicó que habría que volver a la designación de jueces con dedicación exclusiva, ya que sería la única manera más rápida y eficaz para que casos emblemáticos como Operación Colombo -operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en 1974, para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al régimen militar- o Calle Conferencia, en el que asesinaron a las dirigencias del Partido Comunista, en 1976, por la DINA, al mando de Manuel Contreras, se resuelvan lo antes posible. “Esperamos que el juez Vásquez, quien tomó la causa, cuenta con la cooperación de equipos técnicos y profesionales, fundamentales a la hora de la diligencia que se está solicitando”, agregó Konig de la Fundación Víctor Jara. “Vamos a solicitar diligencia específicas a través del nuevo juez y el ministro de comprometió a darle un impulso para buscar efectivamente dentro de los canales que él pueda hacer, la información que hemos solicitado”, concluyó. DOS AÑOS DE PLAZO PARA 700 CASOS PENDIENTES A principios de este año, la Corte Suprema anunció que habrá un plazo máximo de dos años para cerrar todas las causas de violaciones a los derechos humanos que están pendientes desde 1973. Hasta el momento se contabilizan en el Poder Judicial más de 700 querellas por crímenes de lesa humanidad. Según el vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, tras la muerte del juez Víctor Montiglio en 2011 -ex ministro de la Corte de Apelaciones encargado de diversas causas asociadas a los Derechos Humanos, como Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Calle Conferencia y Operación Colombo, entre otras- estas se redistribuyeron. Sin embargo, aseguró Espoz, los tribunales no se cerrarán a la posibilidad de recibir más demandas. Por lo anterior, con el propósito de que el caso se aclare lo más pronto posible, Gloria Konig llamó a quienes tengan información acerca del caso Víctor Jara, “a los conscriptos que estuvieron esos años (de la dictadura) en el Estadio de Chile, que entreguen la información, pues es necesaria para avanzar en la búsqueda de la verdad porque, de lo contrario, no podemos avanzar”. Por Esteban Acuña Fuente: El Ciudadano

Uruguay: Breccia: el Estado está en condiciones de pedir perdón

2012-01-29T14:13:11Z

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, aseguró que la sociedad uruguaya “está madura” para asumir los hechos ocurridos durante la última dictadura. , por lo cual el Estado está en condiciones de pedir perdón por sus crímenes. “Hoy es el momento en que la sociedad uruguaya está madura para asumir estos hechos”, aseguró Breccia a Telemundo 12. En este sentido, Breccia estimó que el hallazgo e identificación de los restos del maestro Julio Castro generó un “impacto muy importante” en la sociedad para la comprensión de los hechos del pasado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó, en febrero de 2011 al Estado uruguayo a realizar un “acto público” de reconocimiento de los crímenes perpetrados durante la última dictadura, en el marco de un litigio iniciado por la familia Gelman. En este sentido, el gobierno uruguayo coordina actualmente con Macarena Gelman, hija de María Claudia García, el contenido del pedido de “perdón” que se brindará a las víctimas del terrorismo de Estado. Incluso, el canciller Luis Almagro confirmó, recientemente, que el acto se realizará entre el 20 y 27 de marzo. “La idea es que se pida perdón a todos los detenidos-desaparecidos en las figuras de Macarena y Juan Gelman”, dijo el canciller. Empero, el poeta argentino Juan Gelman consideró que el Estado deberá pedir perdón “ante todas las víctimas” de la dictadura y no solo ante su familia. “No me considero un representante de las víctimas uruguayas de la dictadura”, por lo que “esa disculpa y la asunción de responsabilidad debería hacerse ante todas las víctimas de la dictadura, es lo justo”, dijo Gelman a la agencia EFE. El poeta aún no definió si participará de la ceremonia, pero destacó que su nieta, Macarena Gelman invitó “al padre de su madre, María Claudia García, la esposa de mi hijo (Marcelo Gelman), y su hermano, cosa que me parece correctísima”. Gelman recordó, además, que el Estado ya dispuso el pasaje de la ex sede del SID, donde estuvo detenida María Claudia, a la órbita de Presidencia de la República para su transformación en un museo de la memoria. “Sin esta intervención de la Corte IDH nada de esto hubiera ocurrido”, valoró. Asimismo, Gelman recordó que antes del fallo internacional había renunciado a “cualquier compensación económica” que pudiera devenir del litigio internacional. “No hice la búsqueda de mi nieta y mi nuera buscando plata”, expresó el poeta. Fuente: La Republica

Entrevista exclusiva a Javier Augusto De Luca

2012-01-29T14:10:43Z

“Nadie puede impedir que el máximo tribunal trate un tema federal” Es fiscal general ante la Cámara de Casación Penal y titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA. –¿Cómo resumiría usted lo que fue ocurriendo? –La síntesis figura en el recurso que elevé a la Corte en diciembre. Allí digo que, ante esta denuncia de vejámenes, que tiene varios años, los defensores de los acusados pidieron la prescripción de la causa por entender que esos no eran delitos de lesa humanidad. Que el juez federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia –donde estaban radicadas las denuncias– rechazaron ese pedido de prescripción y confirmaron los delitos como de lesa humanidad, y que a finales de 2009, cuando la defensa de los imputados solicitó recurso de casación, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió “hacer lugar al recurso” y “remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí decidido”, como dice el texto. Con lo cual, aquellos tribunales cambiaron su postura inicial, y se manifestaron por la prescripción. Frente a eso, los que presentaron un recurso de Casación fueron entonces los ex combatientes, representados por Carlos Daniel Amato, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Pero esa vez la Sala I no les aceptó el recurso, y su única explicación fue que no había argumentos nuevos que cambiaran su decisión anterior. Una resolución o una sentencia se compone de varias partes, pero esencialmente de dos: la fundamentación y la parte dispositiva, es decir, donde se dispone o se ordena algo. Los jueces de Cámara tienen la posibilidad de decir “esto lo resuelvo yo de una manera definitiva”, o “solamente me limito a revocar lo que venía resuelto y ordeno al tribunal inferior, cuya sentencia yo estoy revisando, a que dicte una nueva resolución de conformidad con los argumentos que estoy dando ahora”. Esto es una forma de no resolver definitivamente el asunto. Cuando los ex combatientes recurrieron a Casación, la Sala I dijo que ese recurso era inadmisible porque el asunto ya lo había resuelto. Y lo que yo digo es: lo que está resuelto por Casación es la argumentación, pero no la parte final, la parte dispositiva, la que ordena, el sobreseimiento. La causa no está terminada, y a mi modo de ver, Casación se equivocó al denegar el recurso a los ex combatientes. –La discusión central es si estos delitos que habrían cometido muchos efectivos de aquella época en Malvinas son o no de lesa humanidad, y por lo tanto, deben o no deben prescribir. Más allá de lo jurídico, ¿qué opina del tema en general? –Estas son las formas, pero ahora hay que ir al fondo del tema. Acá estamos frente a una cuestión federal importante, que nadie puede impedir que sea tratada por la Corte. En otras palabras, nadie puede obstaculizar el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay una cuestión federal de por medio. Estamos hablando de supuestos delitos cometidos por militares en un escenario de guerra. La guerra es una cuestión federal que involucra a un gobierno nacional, que en este caso representó al Estado argentino en ese conflicto. Como los militares son empleados públicos, y han hecho actos de autoridad, esto es una cuestión federal básica. La Constitución Nacional es la que rige quién declara una guerra, quién actúa y cómo se hace. Con un presidente de la Nación como comandante en jefe. Y también es una cuestión federal decidir si determinadas conductas constituyen o no delitos de lesa humanidad, porque además, está en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. Incluso los ex combatientes tendrían posibilidad de continuar más allá con su accionar. Porque si sienten que sus demandas no son satisfechas por el Estado argentino, podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo supranacional, una vez agotados los “recursos internos”, como se los llama. Pero dejando de lado lo jurídico, es imposible lograr una sociedad sólida sin dilucidar las responsabilidades que hay en estos hechos. Con la memoria vinculada a delitos cometidos por la dictadura militar pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si estas personas cometieron o no cometieron delitos, pero lo que sí sé es que los ex combatientes tienen derecho a que haya un juicio. Porque de otra manera, no se puede construir nada bueno para esa sociedad. Es lo que ocurre hoy con España: dejaron un viejo problema sin solucionar, y cuando pasa eso, en algún momento algo salta. Es como una infección mal curada. De Malvinas tenemos sólo la versión oficial de lo ocurrido, y eso es un punto oscuro. Porque además, son hechos que siguen marcando el presente. Y el presente es todavía hoy preguntarse cómo se comportaron nuestras Fuerzas Armadas en el conflicto más importante de la Argentina en el siglo pasado, que le costó la vida a tanta gente. Esos chicos promedian hoy los 50 años, sus padres viven, sus hijos también, sus hermanos. Y frente a eso, los que supuestamente cometieron torturas siguieron ascendiendo, mandando y dirigiendo tropas. Entonces, la pregunta es: ¿yo puedo caminar por la calle con esa gente? –Con respecto a la CIDH, hay un antecedente reciente vinculado a un fallo de la Corte argentina, que cambió su propia decisión ante la postura del organismo internacional. –Sí, y yo lo menciono en mi presentación. Se trata de la causa “Derecho, René Jesús”, un caso de vejaciones, tormentos, torturas y apremios cometidos por personal de la Policía Federal, a detenidos en comisarías. En 2007 la Corte argentina resolvió extinguir la acción penal por prescripción, y sobreseer al imputado. El tema llegó a la CIDH y el organismo ordenó reabrir la causa, por entender que esos delitos no podían prescribir, con el argumento de que habían sido cometidos por efectivos en nombre y en representación del Estado. La Corte argentina, hace pocos días, en diciembre pasado, manifestó que lo dicho por la CIDH era mandatorio, y que por lo tanto la investigación se reabría y la prescripción ya no tenía efecto. En la Corte Interamericana, el caso se denomina “Bueno Alves vs. Argentina”. Entonces, volviendo a Malvinas, ¿cómo es posible que no haya derecho a saber lo que pasó, y a que se condene a los responsables, si los hay? El objetivo de mi presentación apunta a que nuestra Corte, de una vez y para siempre, tome cartas en el asunto, y decida qué hacer frente a esto tan importante. Fuente; Tiempo Argentino

La causa por torturas a soldados en Malvinas llega a la Corte Suprema

2012-01-29T14:08:53Z

DEBERÁ DECIDIR SI VAN A JUICIO 80 MILITARES POR COMETER VEJÁMENES CONTRA SU PROPIA TROPA La causa por torturas a soldados en Malvinas llega a la Corte Suprema La imputación contra los oficiales y suboficiales que comandaron el conflicto es impulsada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata, que al igual que al fiscal general ante la Cámara de Casación Penal de la Fiscalía 4, Javier De Luca, presentaron hace pocos días un recurso extraordinario para que el máximo tribunal se haga cargo de la cuestión. Hace algunas semanas, el 31 de diciembre de 2011, Tiempo Argentino publicó datos acerca de denuncias impulsadas por ex combatientes de Malvinas contra 80 oficiales y suboficiales argentinos, acusados de haber cometido, durante el conflicto bélico distintos vejámenes en perjuicio de soldados de su propia tropa. La nota también informaba acerca del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a finales de diciembre pasado por los querellantes, el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata, para que el máximo tribunal tomara la investigación, luego de que pocos días antes la Sala I de la Cámara de Casación Penal declarara que los delitos denunciados no eran de lesa humanidad, lo que podía significar la prescripción del proceso. Pero el CECIM no fue el único que efectuó un reclamo de esas características. También en los últimos días, Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal –Fiscalía Nº 4– interpuso un recurso en el mismo sentido, por entender que la Sala I “resolvió la argumentación, pero no la parte dispositiva, la que ordena el sobreseimiento” de los acusados, y que “la causa no está terminada”. Ambas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia tienen una explicación. Aunque la recopilación de denuncias de ex combatientes comenzaron en 2005 y en su momento fueron declaradas imprescriptibles por la jueza federal de Río Grande Lilian Herráez y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (integrada por Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi), la defensa de los imputados logró que la Sala I de la Cámara de Casación Penal no las considerara como de lesa humanidad, y reenvió las actuaciones a los tribunales originales para cambiar su dictamen. Frente a esa situación, los ex soldados y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en calidad de pretensos querellantes, también recurrieron a la misma Sala para hacerse escuchar, con el objetivo de que los hechos no prescribieran. Pero en esa oportunidad, los camaristas Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Luis María Cabral no estuvieron tan predispuestos a escuchar la otra campana, y declararon “inadmisible” el recurso de casación solicitado por los damnificados para seguir adelante. “Por eso yo interpuse mi pedido ante la Corte Suprema –manifestó De Luca a Tiempo Argentino (ver aparte)–, ya que Casación se equivocó al negarle esa posibilidad a los ex combatientes.” De Luca agregó que “la causa penal continúa y los imputados siguen siendo imputados”, ya que “frente a una cuestión federal como esta, es imposible impedir que el máximo tribunal sea el que tenga la última palabra, de una vez y para siempre”. Los casos de apremios y violaciones a los Derechos Humanos suman aproximadamente 120, e incluyen vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica. “La Sala I es el reducto donde están los jueces más retrógrados que hay en la Justicia Federal –manifestó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM)–, son militantes de la impunidad, y lo siguen ratificando en cada resolución.” La acusación impulsada por el organismo se gestó en 2005, cuando el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, se dedicó a reunir horas de filmación, documentos y testimonios de víctimas. En ese momento, los delitos tipificados fueron homicidio, abandono de persona, reducción a la servidumbre, torturas, extorsión, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Una de las primeras voces fue la de Darío Gleriano, que recordó haber sido estaqueado por sus responsables de tropa. Pero después, las denuncias se fueron sumando cada vez más. “Habitualmente (nuestro superior) nos obligaba a ir a un pozo, que nosotros llamábamos ‘El Pozo de los Lamentos’. Ese pozo estaba lleno de agua congelada. Ahí nos ordenaba meter las manos y los pies por más de media hora”, contó Silvio Eduardo Katz, clase 1962. Pablo Perazzo relató que un oficial “sacó un arma, una 9 milímetros, y comenzó a dispararme a los pies”. A Eduardo José Ortuondo también lo sumergieron en pozos con agua helada, y fue atado en el suelo con las piernas y brazos extendidos. “Un suboficial se paró sobre el arco interno de mis pies –relató–, se puso a saltar sobre ellos y me preguntaba: ‘¿Le duele Ortuondo?’. Yo le respondí: ‘¿Quién es el enemigo, el que está allá o el que está aca?’.” Orlando Pascua sostuvo ante el Tribunal Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, que en Malvinas presenció el estaqueamiento de un soldado chaqueño de apellido Ferreyra. Y otro que aportó datos fue el ex conscripto David Zambrino. Aquellas primeras palabras de Gleriano fueron las que, finalmente, derivaron en esta investigación por torturas ocurridas durante los enfrentamientos en el sur. La causa arrancó gracias a un escrito elevado por el damnificado ante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, luego remitido a la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación. Después, a eso se sumaron denuncias ante instituciones y organismos de Corrientes, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. En el Chaco, las declaraciones fueron tomadas y trabajadas por la Comisión Permanente de Asesoramiento Legislativo de Derechos Humanos de esa provincia

APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL JUEZ GARZON

2012-01-27T12:14:19Z

La Asociación ME.DE.H.S. (MEMORIA DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD) de Goya, Corrientes, Argentina, apoya y se solidariza por este medio con el Juez Baltasar Garzón, un defensor de los Derechos Humanos,quien ha juzgado a numerosos genocidas de las dictaduras de América Latina y el mundo, y ahora es sometido a un infame juicio que ofende a la justicia universal por el solo hecho de pretender investigar en su propia patria los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Por ello nuestra Asociación que nuclea a ex presos políticos, ex detenidos desaparecidos, familiares,sobrevivientes y militantes por los derechos humanos y sociales llama a la reflexión de las autoridades judiciales españolas a fin de que no se cometa el delito de condenar a un justo, hecho que de hacerse realidad quedará como un vergonzoso estigma y será juzgado y condenado por todas las personas de bien quienes queremos una sociedad democrática con transparencia y justicia donde nunca más se cometan hechos aberrantes que afecten la vida y la integridad de las personas. Goya, Corrientes, 23 de enero de 2012 COMISION DIRECTIVA DE ME.DE.H.S. GOYA -- EQUIPO DE PRENSA - MEDEHS juiciogoya@gmail.com Fotos: Ramón Alfredo Vallejos Redacción: Marcos Damián González Investigación y documentología: José Erasmo Gauto Producción general: Rosa Alejandra Cañete

MANIFIESTO EN APOYO AL JUEZ GARZÓN:

2012-01-27T12:12:40Z

“NOSOTROS ACUSAMOS” Lee el manifiesto y envía tu apoyo a nuestro correo: plataforma-argentina@plataforma-argentina.org Escribe tu nombre y apellido, profesión, y especifica si eres miembro/a de organizaciones de DDHH o que luchan por la Memoria histórica. Tu firma la enviaremos a Carlos Slepoy quien centraliza el apoyo al Juez Garzón. El Manifiesto se publicará en Página 12 (Argentina). “Nosotros acusamos”  El 24 de enero de 2012 el Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia: el juez Baltasar Garzón va a ser sometido a juicio por pretender investigar los crímenes del franquismo.  La impiadosa e inaudita persecución judicial que este juez está sufriendo excede a su persona. Sin perjuicio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico que algunos magistrados han puesto en marcha, es el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar dichos crímenes lo que explica el desafuero que están cometiendo. Contraviniendo la Constitución, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este Tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que los mismos establecen. Las consecuencias que ha tenido este insólito desmán judicial perturban y acongojan. En lo inmediato, la suspensión en sus funciones del juez, el absoluto desamparo para las víctimas, la paralización de toda investigación penal sobre uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo pasado y la advertencia implícita a cualquier juez español que coincida con el sancionado. A más largo plazo, advierten que cuando median intereses materiales, ideológicos o políticos hay crímenes que no se investigan y criminales que no se juzgan.   Le imputan a Garzón haber dictado resoluciones injustas por haber tenido la osadía de pretender investigar crímenes que sólo se explica que aún no estén juzgados por la impunidad que se ampara en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, cuya declaración de nulidad ha sido instada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, por ser violatoria de normas imperativas del derecho internacional y, por tanto, obligatorias para todos los Estados. La Ley de Amnistía, en todo caso, sólo se refiere a la extinción de responsabilidad penal de los delitos cometidos con intencionalidad política. Ni de su texto se desprende que pretendiera albergar a quienes hubieran cometido crímenes lesivos para la humanidad ni, aunque así se lo hubiera propuesto o se quisiera interpretar, sería admisible. Salvo que se entienda, por ejemplo, que los nazis hubieran podido o pudieran ser eximidos de responsabilidad por estas causas. En el colmo del despropósito, se trata del mismo Tribunal Supremo que juzgó -y condenó a más de mil años de prisión- al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina sosteniendo que éstos pueden y deben ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquél pretendió investigar delitos de similar tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos miembros de ese Tribunal lo acusan de prevaricador y van a juzgarlo. La torcida interpretación de la ley de amnistía y la negativa judicial a juzgar estos hechos ilícitos no sólo sumen en el descrédito y la vergüenza, nacional e internacional, a la administración de justicia española, sino que desamparan a los cientos de miles de víctimas que en su día lucharon por defender la legalidad republicana y por eso sufrieron muerte, desaparición y destierro. Y a sus familiares que, pasados ya más de setenta y cinco años del comienzo de la acción criminal, deben seguir reclamando infructuosamente reparación y justicia. En Alemania, Francia, Italia... se sigue juzgando a los genocidas nazi-fascistas por hechos cometidos aún antes de los que Garzón imputaba a los asesinos españoles. En Argentina, Chile, Uruguay... se juzga a criminales que pretendieron ser amparados con leyes que los exoneraban de responsabilidad penal. Tras cuarenta años de dictadura y treinta y cinco de democracia, en España no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países en los que se cometieron crímenes semejantes. Ni a un solo niño robado por la dictadura se le ha restituido su identidad; ni un solo victimario ha sido identificado judicialmente; ni a uno un juez le ha tomado declaración. No hay nadie, en fin, que haya sido imputado por la comisión de alguno de los múltiples, masivos y generalizados crímenes cometidos. Los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo pueden y deben ser juzgados. Encubren estos crímenes quienes se niegan a investigarlos, calumnian quienes le atribuyen delito al juez que pretende hacerlo. Hay prevaricadores, pero Garzón no es uno de ellos. Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas. A ellos han de serles aplicadas las sanciones que el Código Penal prevé para quienes encubren delitos y prevarican. A esas penas deberán enfrentarse cuando cese el desvarío y el derecho y la justicia sean restablecidos. A ELLOS LOS ACUSAMOS

Una respuesta a los enemigos del derecho

2012-01-27T12:08:27Z

Manifiesto sobre la impunidad, la memoria y el derecho Por Eugenio R. Zaffaroni y Guido L. Croxatto Juez de la Corte Suprema de Justicia y Asesor de Derechos Humanos. Desde Berlín y Alemania para Tiempo Argentino. En Berlín, intelectuales, políticos, juristas, académicos, periodistas de todo el mundo, se han congregado esta semana fría de enero para respaldar, como se hizo en Madrid, en Plaza del Sol en abril de 2010, al destituido y perseguido y denostado juez Garzón, que cometió el único error o el peor de los pecados que un abogado o funcionario de la justicia española puede cometer: tener memoria. Recordar. Un aire gélido invade las calles grises de esta ciudad destruida y vuelta a reconstruir. Berlín es vibrante y multifacética. Pero también, una ciudad vacía. En Berlín hay muchas palabras, pero también hay silencio. Hay cultura, conciertos, recitales, pero también silencio. Están Doblin, Celan. Es de noche. En invierno en Berlín a las cuatro de la tarde es de noche cerrada y la gente desaparece rápidamente. Los bares están repletos. Pero la calle permanece vacía. Desierta. Desconocida. El silencio de Berlín es, como los monumentos grises que recuerdan el Holocausto (Denkmal für die ermordeten Juden Europas, a escasos diez pasos de la Puerta de Brandeburgo, en el elegante barrio de Freidrichstadt, donde alguna vez estuvo la residencia de los presidentes de la República de Weimar), un silencio incómodo. Pesado. Simbólico. Irresuelto. Ese silencio es la noche pendiente que interpela al hombre y a la sociedad. Que obliga a tomar partido. No al argentino, o al alemán, sino a la humanidad misma. Al hombre. El silencio es el gran drama de la sociedad, y del derecho, el silencio de nuestra conciencia, decía Sartre. La pregunta. Ese silencio es nuestra libertad. Pero también es nuestro compromiso. Nuestra obligación. Nuestro imperativo. Contra el silencio se alza la memoria. Lo que nosotros decimos. Un silencio que todavía no ha terminado de cerrar o saldar sus heridas (no deja de ser notorio que el monumento al Holocausto, diseñado por Peter Eisenman –que costó más de 20 millones de euros y es un campo inclinado de 19 mil metros cuadrados con casi 3000 losas de hormigón negro– sea un enorme muestrario de montículos grises en una plaza enorme de Berlín, cerca de la Embajada de los Estados Unidos, pero esté elegantemente separado del modesto monumento a las víctimas homosexuales del nazismo, otro monumento menor que permanece disimulado, a unos pocos metros de allí, en medio de un bosque oscuro, entre los árboles grises, donde nadie va, un monumento con el cual el otro monumento no quiere mezclarse, como si hubiera dos sociedades, dos mundos, dos holocaustos y no uno, como si hubiera todavía víctimas de segunda; seguimos pensando con la vieja lógica de víctimas de primera y víctimas de segunda, como si hubiera que pelear, incluso, por eso, por ser la mejor o más víctima, o la primera víctima más victimizada). Seguimos segregando y diferenciando la humanidad en nuestros corazones. Esa es la primera impresión que uno tiene aquí. Que el trabajo del derecho todavía no está hecho. Está a medio camino. La humanidad es la única especie que ha tardado más de 2000 años para llegar a la conclusión o al descubrimiento de que todos los hombres son personas. Y que las personas tienen derechos por el solo hecho de serlo. El animal no necesitó declarar solemnemente que todos los animales son animales. El hombre sí. Necesitó declarar que todas las personas son personas. Porque para muchos muchas no lo eran. Eran escorias, parásitos, enfermos, deshechos oscuros. No humanos. Por eso era fácil matarlos, asesinarlos, gasearlos. Destruirlos. Porque no los mataban. Estaban rebajados a otra categoría donde no existe la muerte, fuera de la humanidad. Esos hombres y mujeres y niños habían dejado de existir antes de ser asesinados. Ese “antes” es el antes que le importa al derecho. En Berlín, en esta ciudad representativa y simbólica de las contradicciones del siglo, de la modernidad, de la cultura, de la política, de la libertad y del horror, de poetas como Paul Celan, intelectuales, políticos, juristas, académicos, periodistas de todo el mundo se han congregado esta semana fría de enero para respaldar, como se hizo en Madrid, en Plaza del Sol, en abril de 2010, con Almodóvar, hace más de dos años, al destituido y perseguido y denostado juez Garzón, que cometió el único error o el único pecado, o el peor de los pecados que un abogado o funcionario de la justicia española puede cometer: tener memoria. Recordar. Pensar. Y querer que esa memoria viva se convierta (como ya se convirtió en la Argentina) en derecho. En España están luchando por esa memoria. Por ese derecho. Por esa palabra no dicha. Ausente. Obligada. La paradoja de Garzón es la paradoja de una justicia que no se atreve a ser. Que no quiere justicia. En la Argentina se ha conquistado, legislado, aprobado, el derecho a la memoria histórica. Hemos conquistado un derecho nuevo. Es un derecho que habla por sí solo. Es un derecho que los argentinos hemos conquistado después de mucho sufrir y de mucho callar. De mucho silencio. El derecho a la memoria es un derecho a la voz. A la vida. A la palabra. A la expresión. A la identidad. Es un derecho para las nuevas generaciones. Es un derecho a las miles de víctimas calladas. A todos los Floreal Avellaneda de este mundo. A su memoria mucho tiempo invisibilizada y negada. El derecho a la memoria y el derecho a la identidad son un mismo derecho a la vida en sus formas más plenas. Sin memoria no hay libertad ni derecho posible. Una persona que no puede expresarse, o que no sabe (aún) quién es, no es una persona. Es un autómata, un espectro (un hijo) con una identidad robada. Una persona sin palabra. Silenciada. Aun cuando habla, lo que sale o emerge de su voz es el silencio. Es desolación. Es pregunta. Garzón, después de 30 años como magistrado, pretende juzgar como imprescriptibles los delitos aberrantes y harto conocidos del franquismo. Las fosas comunes se descubren cada semana pero a muchos esas fosas, y esos crímenes, no los inmutan. No les dicen nada. Son los que apresan a Garzón. Y no a los asesinos. La justicia comete o perpetra la injusticia. Encierra y destituye. En España no se dio el complejo proceso que sí se dio en la Argentina. En la Argentina fue posible, después del incansable trabajo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de distintas ONG de Derechos Humanos, de periodistas, políticos, académicos, jóvenes comprometidos, dar vuelta la historia de silencio que impedía juzgar, hablar, tener memoria. Fue posible la palabra. La historia del hombre no es, sin embargo, una mera página que debe “pasarse”. Las leyes del silencio fueron derogadas no sin resistencia de buena parte de la sociedad y de los medios. Pero la memoria triunfó en la sociedad argentina. Para eso fue necesario democratizar eso que antes de esta ley (y de estos derechos, como el derecho a la memoria) no estaba democratizado: la palabra. En España, en Alemania, en la Argentina, el camino parece ser, después de este siglo atropellado y asesino y oscuro (cuyas víctimas fatales, dice Eric Hobsbawm, ya nadie debe calcular, porque no se trata sólo del cálculo o el número ominoso, que es infinito), el mismo: el camino es impunidad, memoria, derecho. La memoria parece ser la nueva compañera inseparable de ese nuevo derecho humano que estamos gestando pasa a paso, con enorme dificultad, los abogados, poetas, profesores, jóvenes militantes, organismos comprometidos. Hay un nuevo derecho con memoria y volumen. Y hay un nuevo lenguaje: el lenguaje de la memoria. Y los abogados no son sus artífices. Es la sociedad misma. Pero el nuevo derecho enfrenta resistencias en ese camino. Las enfrentó antes, cuando Jeremy Bentham –el gestor del panóptico, tan empleado en las cárceles y fábricas, cuyo cuerpo permanece embalsamado en Inglaterra y según cuenta la leyenda, aún se lo hace participar de las reuniones del Consejo– decía que los Derechos Humanos eran “meras tonterías con zancos” (boberías formales sin arraigo, Bonald decía que eran una “invención del demonio”, De Maistre, en su Exaltación del verdugo, en su vetusta lógica ultramontana, también denostaba las novedades igualitarias de la Revolución Francesa, contra cuyo igualitarismo “abstracto” y sin tradición reaccionaron Edmund Burke, primero, en Inglaterra, y el nazismo, en Alemania (después, también Heidegger). El derecho tiene enemigos. Siempre los ha tenido. Es probable que siempre los tenga. La situación de Garzón en España es una buena muestra de esas resistencias trasnochadas. De la gente que teme cambiar. Recordar. Reconocer. Ver. Decir. Asumir. Los enemigos del derecho son los enemigos de la memoria. De la palabra. Y de la vida, que el derecho aún conserva. Hay que luchar por el derecho, decía Rudolg von Ihering, el derecho es una lucha de los pueblos, de los individuos, y de los Estados. El derecho lucha por las condiciones de vida éticas de los demás. Es una lucha por el otro. No por uno. Por los demás. Que no tienen –o nunca han tenido– un derecho. Pero hay muchos que no luchan. Garzón es, por suerte, de los que aún creen que el derecho cuenta, vale la pena, que el derecho tiene algo valioso para decir. Que el derecho (la lucha por el derecho) aún vale la pena. Y que al final triunfa. Por eso apoyar a Garzón es apoyar al derecho. A los Derechos Humanos. A la memoria. A la dignidad. A la cultura. A la democracia. Muchos afirman que los Derechos Humanos son una mera categoría o “clase” de derechos al lado de otros derechos tanto o más importantes. Piensan que dicen algo nuevo repitiendo en vano lo que ya dijeron, siglos antes, Burke o De Maistre: que los Derechos Humanos son una hoja en blanco y sin sentido. Una formalidad hueca o vacía. En momentos como estos, donde un juez es apresado por el solo hecho de hacer y tener memoria, por el solo hecho de pensar y querer o pretender juzgar lo que aún no fue juzgado, nos damos cuenta de que se trata de mucho más que eso. Los Derechos Humanos no son sólo una bobería formal, como dice Bonald. Una abstracción vacía. Tocan el núcleo mismo de una sociedad que olvida. Que niega. Que no ve. Por eso Garzón es desplazado. Perseguido. Por tener memoria. Por mantener la memoria en alto. Los Derechos Humanos no son una categoría o “clase” más de derechos formales al lado de otras categorías de derechos. Los Derechos Humanos son un nuevo modelo o nuevo paradigma destinado a pensar y a reformar todo el derecho que conocemos. El derecho está cambiando. Los Derechos Humanos son la voz en alto de todo el derecho público y privado. Son su sentido. Su vocación. Un derecho sin Derechos Humanos ya no es un derecho. Es idealismo. Doble cara. Es olvido. Impunidad. Y silencio. Porque no sirve para defender a las personas de la pobreza, la violencia, el hambre, la soledad, el abandono. Los Derechos Humanos son el contenido libertario, igualitario, de la democracia. Un derecho que sabe que hay cosas que ya no debe tolerar. No puede tolerar la desigualdad, el abuso, la segregación, la tortura, el hambre, la muerte. La desaparición. El asesinato. Se avecina un nuevo derecho y debemos prepararlo apoyando a quienes, como Garzón, creen en él y pagan el precio caro de su memoria y de su palabra (un precio que han pagado tantos) en una sociedad que, como la argentina o la española, o la alemana, muchas veces no ve, o no quiere escuchar al derecho. El derecho debe juzgar también a la sociedad que fue cómplice. Que calló lo que veía. Pero es muy difícil juzgar a una sociedad que no quiere juzgarse ella misma. El tribunal del hombre es su conciencia, decía Kant. Nadie escapa a ese tribunal privado. Muchas veces la sociedad se niega a ver lo que tiene adelante. Pero los pueblos tienen siempre la oportunidad de ser mejores. El derecho está para recordarles esa posibilidad. Para recordarle al hombre qué posibilidades tiene. Qué obligaciones y qué compromisos. Para recordarle al hombre que vale la pena, después de todo, ser mejor. Más humano. Heidegger solía usar un concepto, Fragwürdige: lo digno de ser cuestionado. En la sociedad argentina o española hay muchos agujeros y habitaciones que esperan, como diría Heidegger, esa dignidad perdida. Esa voz. O esa palabra, precisamente, ese derecho. Berlín no es, por otra parte, cualquier ciudad. Berlín era una ciudad marcada por las consecuencias de la guerra fría y atravesada por un muro. El encuentro en esta ciudad tiene por meta y por símbolo mostrar los muros visibles y los menos visibles que el derecho y la sociedad todavía deben derribar para alcanzar su objetivo, la justicia. Todas las sociedades están llenas de muros. Se construyen sobre muros de fantasías y de prejuicios. El derecho ha sido inventado para derribarlos. Donde hay un muro, no hay un derecho. La sociedad debe elegir entre amurallarse y cerrarse sobre sí misma y no ver, como en San Isidro hace unos años (por suerte todavía hay gente dispuesta a derribar los muros), que la alternativa al encierro es la verdad. El muro confina, segrega y encierra y olvida. Sería una paradoja terrible que el derecho hiciera lo mismo. Que el derecho fuera el muro. Que el derecho no vea. Y que los hombres, como el humilde campesino del conocido cuento de Kafka, “Ante la Ley” (o el personaje de “La Colonia Penitenciaria”, que ya no sabe por qué lo condenan), ya no puedan ni quieran entrar en él. Que teman al derecho. Que el derecho se amuralle y se quede solo. Y que los jueces, en lugar de ser sus artífices y defensores, sean, como en las obras de Kafka, sus enemigos. Siempre habrá una parte de la sociedad que no habla. Que se declara enemiga de todo reconocimiento. De toda verdad. Siempre habrá una parte que elige o prefiere el silencio. Que prefiere la mentira y no la verdad. Que reivindica al más fuerte. El orden establecido. La desaparición. El homicidio. Y la noche. Tal vez por eso existen o nacieron el derecho y la literatura. Porque ambos son la palabra. La palabra es una hendidura para conmover y hacer pensar. Para hacer hablar al que no tiene voz ni derecho. El derecho, como la literatura, humaniza, y le da la palabra al que no la tiene. Le da rostro. Existencia. Y vida. La palabra ilumina, descubre, muestra. Conviene tener en claro que la parte de la sociedad que no habla, que prefiere el silencio, es la parte de la sociedad argentina o alemana que se declara continuamente enemiga de la memoria. Y de la verdad. Es la misma parte de la sociedad alemana (o iraní o argentina) que dice que los campos de exterminio jamás existieron. Que no hubo víctimas. El derecho español no puede decir lo mismo ni pensar lo mismo que sus enemigos. No puede hacerle el juego a quienes sólo quieren socavar al derecho. Privarlo de todo sustento y de todo objetivo. De toda dignidad. El derecho desaparecido es el último eslabón de una tragedia humana. Por eso las personas reclaman por sus derechos. Por su voz. Si algo ha caracterizado al derecho argentino en los últimos años es el haber recuperado eso que antes el derecho argentino no tenía: una línea. Y una hidalguía. Un compromiso. No presumirse por encima de la realidad cotidiana. Del sufrimiento. O del dolor. El derecho a la memoria, o el derecho a la identidad, forman un derecho que hicimos entre todos y que debiéramos preservar entre todos, para que casos como el de Garzón no se repitan. Para que muros oscuros como los que aquí se han levantado –y cuyos restos aún se conservan– formen un recuerdo vivo en la conciencia del hombre y, sobre todo, una advertencia. Porque hay muchas formas de erigir muros. Pero hay una sola para acabar con ellos. La memoria, la verdad, la justicia. La igualdad, la libertad. Y el compromiso. < *Leche negra del alba te bebemos de tarde te bebemos al mediodía y en la mañana te bebemos de noche bebemos y bebemos... Del poema “Fuga de muerte”.

Declaró por videoconferencia ante el tribunal oral federal 6

2012-01-27T12:06:32Z

Ex funcionario de Reagan admitió que EE UU conocía el plan de robo de bebés. Elliot Abrams, ex integrante de la Subsecretaría de Estado, reveló detalles de contactos con el ex embajador argentino en Estados Unidos, Lucio García del Solar. “No eran sólo dos niños; o uno o dos oficiales. Existía un patrón”, puntualizó. El 3 de diciembre de 1982, el lujoso Hotel Ritz-Carlton de Washington fue la sede de un encuentro entre el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio García del Solar, y Elliot Abrams, quien se encontraba al frente de la oficina de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Estado norteamericana. Ayer, el funcionario estadounidense declaró por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 6 sobre esa reunión, en la que García del Solar reconoció el robo de bebés a padres desaparecidos o asesinados y su entrega a familias “adoptivas”. “Estábamos al tanto de la situación de los niños y que no eran uno o dos niños, o uno o dos oficiales involucrados. Pensábamos que existía un patrón o plan, porque había mucha gente asesinada o detenida. También pensábamos que los militares habían decidido que algunos de esos niños se les iban a entregar a otras familias. Era un problema de Derechos Humanos, pero también de políticas públicas de Argentina, y el nuevo gobierno iba a tener que ver qué hacía en ese sentido”, aseguró ayer en el juicio por el Plan Sistemático de Robo de bebés el político conservador que fue funcionario de Ronald Reagan y de George W. Bush. Desde el Consulado argentino en Washington, Abrams, de traje y corbata azul, se sentó frente a la cámara, junto a su traductora. “Entiendo un poco de español pero prefiero, por la situación legal, contestar en inglés”, explicó el testigo, autor del memorándum que detalla la conversación con el embajador argentino y que forma parte del expediente desde que fue desclasificado en 2002. En uno de los párrafos de ese documento, Abrams relata que tocó “con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los niños sacados a sus familias durante la ‘guerra sucia’”. También señala que “mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario”. Además, el ex funcionario puntualiza: “El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente (dictador Reinaldo Bignone). Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos”. Además, les propuso “que ese problema se podía poner en manos de la Iglesia o de una comisión donde estuviera incluida la Iglesia”, ya que “las acciones con respecto a esos chicos podían tener enorme contenido humanitario y político”. “¿Conoce la situación que vivió Argentina entre 1976 y 1983?”, le preguntó ayer el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud. “Tratábamos de seguir la situación, teníamos visitantes de Argentina, de la comunidad de Derechos Humanos, que nos decían que estaba pasando. Recuerdo haberme reunido con Emilio Mignone y Adolfo Pérez Esquivel”, recordó y, ante una nueva pregunta sobre los niños apropiados, agregó: “Conocíamos ese problema. Discutíamos con las oficinas argentinas en Washington sobre eso, porque sentíamos que era el mayor problema de Derechos Humanos y que persistía en el tiempo”. Las reuniones con el embajador argentino eran periódicas, cada dos o tres meses, siempre a la hora del almuerzo. En esos encuentros, el objetivo principal de García del Solar era que el Congreso de Estados Unidos le otorgara a Argentina un certificado de que se avanzaba en los Derechos Humanos. “Argentina avanzaba a un gobierno democrático. En ese sentido había un progreso. Podíamos certificarlos si no ocurría algún hecho grave”, recordó el ex funcionario estadounidense. Al ser consultado por el grado de importancia de la reunión que consta en el documento, y por su confidencialidad, el testigo señaló: “Fue una conversación importante. Era una conversación confidencial con un embajador extranjero sobre un tema sensible. Le pedí que hablara francamente y la idea era resguardar la información.” Fuente: Tiempo Argentino

Ex- funcionario EEUU. Elliot Abrams ratifico que hubo plan sistematico de apropiacion de niños

2012-01-27T12:02:02Z

UN EX FUNCIONARIO DE ESTADOS UNIDOS RATIFICO QUE HUBO UN PLAN SISTEMATICO DE APROPIACION DE NIÑOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA Un secreto a voces para la diplomacia norteamericana Elliot Abrams ratificó la autenticidad de un documento desclasificado de su país que fue revelado por Página/12. El memo demuestra que la dictadura se negaba a entregar a los chicos apropiados a sus familiares. Pensábamos que no se refería sólo a uno o dos niños o uno o dos oficiales, era un plan”, dijo Elliot Abrams. Imagen: Joaquín Salguero. Elliot Abrams se presentó como consultor, casado, nacido en Estados Unidos el 24 de enero de 1948. Su voz y figura llegaban a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py a través de una pantalla. Declaró por videoconferencia desde Washington en el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura. En 1982 era subsecretario de Derechos Humanos de Estados Unidos y en ese rol mantuvo una conversación con el embajador argentino en ese país, Lucio García del Solar, en la que este último admitió que tanto el canciller Juan Ramón Aguirre Lanari como el dictador Reynaldo Benito Bignone estaban al tanto del robo de hijos de desaparecidos. El hecho fue documentado en un memo de carácter reservado revelado en 2002 por Página/12. Ayer, Abrams ratificó el contenido de ese papel y explicó: “Estábamos (el gobierno de los Estados Unidos) al tanto de que algunos niños habían sido sustraídos estando los padres en prisión o fallecidos y pensábamos que no se refería sólo a uno o dos niños o uno o dos oficiales que hubiesen sustraído a los niños, sabíamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos niños se entregasen a otras familias”. El memo Abrams y García del Solar se reunieron el 3 de diciembre de 1982 a la una del mediodía en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carleton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta en derechos humanos) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense en un documento que fue parte de los 4677 cables secretos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina que el Departamento de Estado desclasificó en agosto de 2002. Abrams informó luego del encuentro a sus superiores: “Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacar los chicos de sus padres adoptivos. Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya la Iglesia, a doctores, etc. Las acciones respecto a estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con su capital”. La audiencia El papel que prueba que de Bignone para abajo estaban enterados de las apropiaciones de niños, y que la dictadura se negaba a devolver a los hijos de desaparecidos a sus familias biológicas aun luego de la sugerencia de los Estados Unidos, fue publicado por este diario el 23 de agosto de 2002 y presentado como prueba en el juicio por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer Abrams ratificó la veracidad del memo y su contenido. Y, a partir de las preguntas de Alan Iud y María Inés Bedia, representantes de Abuelas, y la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, explicó el contexto en el que fue elaborado. La declaración contaba con traducción simultánea, pero el ex funcionario republicano, que estaba en el consulado argentino en Washington, no la esperaba, aunque sí respondía en inglés. –Según su experiencia, ¿este diálogo con García del Solar, en qué nivel de diplomacia lo ubica? –quisieron saber los abogados de Abuelas. –Se trata de una conversación importante, el hecho de que sólo estuviéramos nosotros dos fue significativo, para así poder hablar más honestamente que si hubiese más gente, el hecho de redactar este memo tan detallado indica que era de suma importancia. –¿Conoció casos análogos a la Argentina sobre los niños en otros países? –No. Había muchas juntas militares en los países de América latina y en Asia, no recuerdo ningún caso similar a éste de niños sustraídos, éste fue el peor caso. –¿Al tomar conocimiento de que varios niños fueron sustraídos, tomó conocimiento o al menos elaboró alguna hipótesis sobre por qué esos niños eran sustraídos y no entregados a la familia? –le preguntó Roqueta. –Sí, me acuerdo de dos factores importantes. Uno era que las familias de los desaparecidos eran vistas como no aptas para criarlos, que eran comunistas. El segundo factor es que en algunos casos las familias a los que los entregaban no podían tener hijos, entonces lo consideraban como una bendición para estas familias leales al régimen. –¿Esta es su opinión o tuvo otros elementos para llegar a este análisis? –No es un análisis propio, sino lo que circulaba en el gobierno de Estados Unidos, lo que no recuerdo es en qué se fundamentaba. Pero me acuerdo que era sí, no recuerdo la fuente. –De acá surge que el embajador iba a transmitir esta preocupación al presidente de la Nación... –En el memo dice que el embajador ya había hablado con el ministro de Relaciones Exteriores y con el presidente. –Después de esta reunión, ¿por parte del gobierno argentino hubo alguna propuesta? ¿Acercó al gobierno de Estados Unidos alguna idea? –Realmente no me acuerdo, a lo mejor existen otros documentos, pero participaríamos en esto hasta que hubiese un gobierno democrático, después de eso considerábamos que debía tratarlo el propio gobierno argentino. Con la llegada de la democracia y el comienzo de los juicios a los represores, los militares, e incluso el gobierno de Raúl Alfonsín, sostuvieron que la apropiación de niños fue uno de los “excesos” de la represión ilegal, un delito cometido por unos pocos fuera de la estructura montada por los jefes castrense. Las Abuelas de Plaza de Mayo y abogados defensores de derechos humanos demostraron que el robo de bebés fue una práctica sistemática. “Consideramos que el de Abrams fue un testimonio importantes porque acreditó la veracidad del memo y si bien eso no estaba puesto en duda, para el sistema judicial argentino puede resultar extraño un documento de esas características. Y es una prueba importante contra Bignone y (Rubén) Franco (ex jefe de la Armada integrante de la última junta militar). Además, aportó interpretaciones sobre el documento que si bien podían ser inferidas, es diferente si lo afirma una persona que fue funcionario de jerarquía”, dijo Iud a este diario. Las Abuelas señalaron en un comunicado que consideran que “tanto el memo al que logramos acceder como la declaración de Abrams constituyen pruebas importantes” y por lo tanto redoblaron su pedido “para que se desclasifiquen todos los documentos de Estados Unidos, en particular de la CIA y el FBI, que puedan aportar información clave para encontrar a los nietos y nietas y condenar a los genocidas”. Los documentos que reflejan la conversación entre Abrams y Lucio García del Solar. ELLIOT ABRAMS, UN REPUBLICANO DE PURA CEPA Con vínculos con las dictaduras No podrá aducirse que el testimonio de Elliot Abrams se originó en sus simpatías con las víctimas de la dictadura militar. El hombre fue entre 1982 y 1985 el subsecretario de Derechos Humanos de Ronald Reagan. Sucedió a Patricia Derian, la funcionaria de James Carter que tantas molestias le había causado a la dictadura argentina. Su gestión, en cambio, fue duramente criticada en esa época por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ante el fusilamiento de miles de personas en El Salvador (El Mozote), Abrams afirmó que la noticia de la masacre por parte de los militares “no era creíble” y que se trataba de un incidente que “utilizaba la guerrilla para hacer propaganda”. Abrams fue, además, uno de los jugadores clave en el escándalo Irán-contras, junto con Oliver North y Paul Wolfowitz. El escándalo implicó la provisión de armamento a Irán durante la guerra con Irak en 1985 y 1986. También desnudó el financiamiento de la CIA al movimiento para militar Contra, que intentaba derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Se trató de dos operaciones prohibidas por el senado norteamericano. Para ser consecuente, Abrams también formó parte del primer gobierno de George W. Bush, en el que fue asistente especial para el presidente y director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos en el Norte de Africa y el Oriente Próximo. Algunos medios estadounidenses lo señalaron como uno de los que dio el visto bueno al intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002. En su segundo gobierno, Bush lo ascendió y lo puso a cargo de una agencia para promover “la democracia en otros países”. Junto a Condoleezza Rice, asistió en la estrategia de Bush durante el conflicto en el Líbano en 2006. En una investigación periodística, la revista Vanity Fair lo señaló como uno de los responsables, con su intervención, de terminar endureciendo la posición de Hamas en la Franja de Gaza. Actualmente trabaja en el Council of Foreigns Relations, como consultor en estudios del Medio Oriente, así como en el Comité para la Paz y la Seguridad en el Golfo. Fuente: Pagina 12

Gremial De Abogados

2012-01-27T11:58:58Z

Tal como oportunamente convocamos, el día 21/1 nuestra Asociación informó sobre la situación legal de detención del compañero Carlos Olivera de quien hemos asumido la defensa.- Queremos hacer un expreso reconocimiento y agradecimiento a la totalidad de organizaciones sociales, políticas y muy especialmente sindicales que colmaron a tal punto el salón de ATE que nos prestaron que debimos trasladarnos al Salón de Actos, el anfiteatro que fue igualmente ocupado.- Todo esto sin contar con numerosas organizaciones de los mas diversos lugares de la Argentina que enviaron su solidaridad y acompañamiento.- El nivel de respuesta y presencia de tanta cantidad de compañeras y compañeros sobrepasó absolutamente todas nuestras expectativas.- Los compañeros de nuestra Asociación que asumieron la defensa de Olivera se limitaron a informar la situación y a partir de allí todo quedó en manos de los participantes quienes debatieron, aportaron y enriquecieron notablemente con importantes propuestas e ideas, todo lo que resta por hacer hasta el inicio del juicio.- Presente el SITRAIC asumió la centralización de todo lo que implique la organización para la participación hasta y durante el juicio que se aproxima El SITRAIC pidió el esfuerzo solidario de participación y organización ante el tremendo aparato que viene desplegando la burocracia de la UOCRA quien viene presionando a la Justicia para la continuidad del encarcelamiento de Olivera como modo de escarmiento a los que intenten enfrentarlos o luchen por la democratización de los gremios o las defensas de sus derechos.- Se propuso una mesa coordinadora para organizar la marcha, las vigilias, la presencia en el interior de la Sala de Juicio y todo lo que implique propagandizar y difundir la LIBERTAD DE OLIVERA La organización a la que pertenece Olivera, Convergencia Socialista comunicó a los presentes con el propio Olivera mediante un puente telefónico y pudimos escuchar su voz en todo el Anfiteatro Eva Perón de ATE.- Finalmente se estableció la convocatoria a una nueva reunión como ésta unos días antes del juicio a fin de evaluar la situación y ultimar detalles.- De esta forma la Gremial de Abogados se congratula de la respuesta que tuvimos y de pasar –a partir de ahora- a ser uno mas entre las tantas organizaciones que quedamos a disposición de las estructuras a la que pertenece el compañero Carlos Olivera.- Elevamos la lista de las organizaciones que se presentaron (además de la propia Vilma Ripoll de MST-Proyecto Sur quien vino y debió retirarse, de Nestor Pitrola del PO que también hizo llegar su compromiso, y de Raul Castells quien también envió un representante que debió retirarse no sin antes dejar su solidaridad y disposición).- Con las disculpas si hay alguna que no hayamos registrado en cuyo caso deben comunicarse para su registro con el SITRAIC o Convergencia Socialista.- Por ultimo informamos que también se habló del inicio del juicio a los seis patriotas campesinos paraguayos que se iniciará también en febrero, mismo mes programado para el juicio por el homicidio de Mariano Ferreira, y de la movilización por los 10 años que cumplirá en prisión otra de nuestras defendidas Karina Germano y las alternativas para continuar con la campaña “La Galle a la Calle” El SITRAIC se comprometió a unificar todos los correos electrónicos de los presentes y convocar a una reunión organizativa para la presencia en los Tribunales de Lomas de Zamora al iniciarse el juicio a Olivera. Estos son los Cuerpos de Delegados, Sectores y Organizaciones que estuvimos presentes (en el caso que alguno falte por favor contactarse con el SITRAIC para ser incluido en la coordinación): SITRAIC CONVERGENCIA SOCIALISTA MTR 12 DE ABRIL MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS DE LA REP. ARGENTINA TRABAJADORES DEL CORREO ARGENTINO-ATE LISTA BORDO DEL F. ROCA MOVIMIENTO ESTIBADORES DE PIE - COMISION DE DDHH ATE SUR ATE HTAL. GARRAHAM ATE SENASA FRENTE DE RESISTENCIA NACIONAL CENTRO DE ESTUDIANTES ISFD 39 SUTEBA-TIGRE COMISION INTERNA DEL FRIGORIFICO RIO PLATENSE PERIODICO EL ROBLE TRABAJADORES DOCENTES-LISTA ROJA ENCUENTRO SINDICAL CLASISTA DE BASE CONVOCATORIA POR LA LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL TRABAJADORES DEL FRIGORIFICO ECOCARNES UTS - UNION DE TRABAJADORES SOCIALES ULTERA- UNION LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES RURALES YAGRARIOS LA VOZ DE LOS LABURANTES REVISTA PODER BARRIAL LIGA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA COORDINADORA POR LA LIBERTAD CENTRO DE ESTUDIANTES DEL IFDyP Nº 103 ATE-MONTE GRANDE ADEMYS CORREPI COLECTIVO AVANZAR FRENTE DE ACCION REVOLUCIONARIA - FAR COR OLP IZQUIERDA SOCIALISTA TENDENCIA PIQUETERA REVOLUCIONARIA – CTPR LA 4 DE ABRIL OPINION SOCIALISTA OLNyS FOGONEROS FRENTE ANTIRREPRESIVO DE MAR DEL PLATA CTA-Capital Federal LA OLMOS DEMOCRACIA OBRERA PTS-Trabajadores Ferroviarios ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS Enero 2012

Chaco: Fiscal Sabadini apeló libertad de Martínez

2012-01-27T11:57:17Z

Le dictaron falta de mérito Causa Caballero Residual: liberan a excomisario de la Policía Federal Se trata de Hugo Rubén Martínez. Había sido detenido a mediados de diciembre acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura en el Chaco. La Fiscalía apeló la decisión. En el marco de la Causa Caballero Residual, donde se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en el Chaco, el ex conjuez Federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero, dictó a fines del año pasado la falta de mérito y ordenó la liberación del excomisario de la Policía Federal, Hugo Rubén Martínez, acusado de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra una exdetenida política. La fiscalía apeló la resolución. Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, Piñero realizó esta medida el 29 de diciembre último tras tomarle declaración indagatoria al imputado. Ante el exconjuez, Martínez (nombrado en la denuncia como “comisario Carlos Martinez”) negó tener responsabilidad en el hecho de tortura del que se le acusa. Dijo que durante 1976 era un oficial subalterno y que sólo realizaba tareas internas dentro de la Delegación de la Policía Federal y en el casino que funcionaba en el Aeropuerto de Resistencia. “Si bien existen elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la ocurrencia de los hechos que se vienen investigando, debo señalar que a la fecha del presente, no existen la concurrencia de ellos que permiten suponer que el imputado fuera el autor de los mismos”, resolvió el exconjuez en relación a la situación procesal de Martínez. Cabe recordar que el aún imputado en la causa había sido apresado a mediados de diciembre del año pasado por orden del propio Piñero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Apelación. Tras ser notificado de la decisión, el Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, apeló la resolución de Piñero ante la Cámara Federal de esta ciudad. Pidió que se revoque la falta de mérito y que se ordene la inmediata detención de Martínez. En su escrito, con fecha del martes último, el fiscal consideró que, a la hora de resolver la situación procesal del imputado, el exconjuez no tuvo en cuenta el testimonio de la víctima que lo sindica a Martínez entre quienes participaron de las sesiones de tortura que sufrió a mediados de 1976 en la Brigada de Investigaciones. “Sus argumentos” (en referencia a los de Piñero) “sólo circundan en cuestiones generales o abstractas pero, al mismo tiempo, pasa por alto la declaración” de la víctima, “y esto se verifica no solo por la ausencia de valoración del testimonio sin ser volcado en el auto sino porque el mismo Conjuez lo expresa cuando refiere ‘no existen la concurrencia de ellos que permiten suponer que el imputado Hugo Rubén Martínez fuera el autor de los mismos’”, cuestionó Sabadini. El fiscal recuerda que en el requerimiento de instrucción presentado en su momento por el exfiscal ad hoc, Roberto Mena, surge no solo los hechos de privación ilegítima de la libertad sino de los tormentos padecidos durante el cautiverio de la mujer que denunció al expolicía. “Entre las sendas personas que identifica (la exdetenida política) se halla Martínez, a quien menciona como ‘Comisario de la Policía Federal’ entre los que participaron en las sesiones de tortura. En esta sesión ella se encontraba desnuda y ante la presencia de su hijo de ocho meses de edad, padeciendo las aplicaciones de electroshock mediante picanas eléctricas, durante dos días enteros”, señala Sabadini en el escrito al que tuvo acceso este medio. “Lo que aquí se cuestiona no es que el señor Conjuez se base en la declaración indagatoria (…) sino que su resolución solo se base en ella sin desvirtuar o efectuar un silogismo fáctico o jurídico respecto a los demás elementos obrantes en la causa, por ejemplo, la declaración de la víctima”, cuestiona. Y añade: “En este sentido bien toma la declaración del acusado como medio de prueba para su fundamentación, el que debe ser tenido en cuenta, pero además lo efectúa sin tener en cuenta otros elementos de cargo, máxime cuando al acusado no se le puede exigir que se dirija con la verdad o declare contra sí mismo”.

La justicia llegó para Esther Ballestrino de Careaga

2012-01-26T11:58:49Z

Cuando el Tribunal Oral Federal N° 5 de la República Argentina sentenció a fines del año que ha fenecido, la condena a la pena de cadena perpetua a 12 personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad, acontecidos durante el último gobierno militar que asoló esa hermana nación desde 1976 a 1983, la justicia de ese país se pronunció para castigar a los responsables de la trágica muerte de nuestra compatriota, la luchadora social Doña Esther Ballestrino de Careaga Entre las personas condenadas a cadena perpetua, se hallaba el ex capitán naval Alfredo Astiz, alias “El ángel rubio de la muerte”, acusado de crímenes, tormentos y secuestros en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de esa nación, quien se encontraba en directa vinculación por la desaparición de nuestra connacional, en el local de la Iglesia de Santa Cruz de la capital bonaerense, en diciembre de 1977, ya que había actuado en carácter de infiltrado como supuesto hermano de un desaparecido. Asimismo se dictaron condenas para los acusados, Jorge Acosta, Antonio Pernías, Óscar Antonio Montes y Raúl Scheller, que también fueron sentenciados a prisión perpetua en el marco de la causa ESMA, al igual que otros imputados. En este juicio, se estudiaron 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra Azucena Villaflor, Mary Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, así como de los activistas que los apoyaban en su lucha, entre las cuales se encontraba las monjas francesas Alice Dumont y Leonie Duquet, así como el escritor y periodista Rodolfo Walsh. De maestra a luchadora social Habiendo nacido en Uruguay el 20 de enero de 1918, su familia se traslada a nuestro país desde su tierna infancia conforme varios artículos periodísticos publicados sobre su vida, habiendo posteriormente militado desde muy joven en la Concentración Revolucionaria Febrerista, antecesora del actual Partido Revolucionario Febrerista. Maestra normal y doctora en Bioquímica y Farmacia, tuvo un intenso protagonismo en la lucha cívica contra la dictadura militar del general Higinio Morínigo, entre 1940 y 1947. Con posterioridad al fracaso de la Revolución de 1947, se estableció en la Argentina donde contrajo matrimonio con otra persona afín a sus ideales, el dirigente socialista Raymundo Careaga, con quien tuvo tres hijos. La historia trágica de Latinoamérica le jugaría una nueva mala pasada, pues con el golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, su vida volvería a cambiar nuevamente, pues el 13 de junio de 1977 secuestraron a Ana María, su hija menor quien estaba embarazada de tres meses. Ante este nuevo hecho, nuestra compatriota empezó a activar con los familiares de otros desaparecidos y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades oficiales de ese entonces del Gobierno argentino, comienza a reunirse en organismos, iglesias y en la Plaza de Mayo, con otras personas con inconvenientes afines. Conforme lo expresa, el Informe Final de la Conadep de ese país, así como de los organismos de derechos humanos y crónicas de los sobrevivientes de ese trágico periodo, “... entre el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre de 1977 un grupo de militares bajo el mando del capitán Alfredo Astiz secuestraron en el local de la Iglesia Santa Cruz de la ciudad de Buenos Aires, a un grupo de 12 personas vinculadas a la organización Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas se encontraba nuestra compatriota Esther Ballestrino, quien junto con las otras fundadoras de esa organización, Azucena Villaflor y María Ponce, y las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, trabajaban para conocer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos durante ese tiempo. Posteriormente las crónicas del informe citado precedentemente afirma “...Probablemente el día 17 o 18 de diciembre de 1977, Esther y el resto del grupo, fueron “trasladados” al aeropuerto militar que se encuentra en el extremo sur del Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, subidos sedados a un avión de la Marina y arrojadas vivas al mar frente a la costa de Santa Teresita, muriendo al chocar contra el agua. El 20 de diciembre de 1977 comenzaron a aparecer cadáveres provenientes del mar en las playas de la provincia de Buenos Aires a la altura de los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú, que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. En 2003 el intendente de dicha ciudad informó que se habían localizado nuevas tumbas de NN en el cementerio de la ciudad. El juez argentino Cattani ordenó entonces realizar nuevas excavaciones con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), descubriéndose dos líneas de tumbas, una por encima de la otra. Se descubrieron así 8 esqueletos, 5 correspondientes a mujeres, 2 correspondientes a varones y uno, clasificado como “probablemente masculino”. El informe ut supra mencionado posteriormente expresa... “...Cattani mandó los huesos al Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (LIDMO) de Córdoba, perteneciente al EAAF. Los resultados del laboratorio fueron determinando que los restos pertenecían al grupo de secuestrados entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977. El 8 de julio de 2005 el juez recibió el informe estableciendo que uno de los restos individualizados pertenecía a Esther Ballestrino...”. El día 24 de julio de 2005, 28 años después de haber sido muerta, nuestra compatriota fue enterrada en el jardín de la Iglesia Santa Cruz, en Buenos Aires, junto a María Ponce de Bianco, una de las tres madres secuestradas con ella. Con posterioridad también fueron sepultadas allí la Hermana Lónie Duquet y la activista Ángela Auad. Conforme los datos señalados a medios de prensa de nuestro país, por el conocido activista por los derechos humanos, el compatriota doctor Martín Almada, existen más de 120 paraguayos desaparecidos durante el gobierno militar argentino de 1976 a 1983; no obstante también se debe citar, un informe proporcionado por la Asociación de Familiares de Detenidos Paraguayos Desaparecidos en ese país “Semillas de Vida”, que menciona a 63 compatriotas desaparecidos en esa nación durante ese periodo. Normativa Internacional La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas firmada el 9 de junio de 1994, en la ciudad de Belén, República Federativa del Brasil, señala claramente en su Artículo 1 Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a :a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Posteriormente en su siguiente articulado expresa… “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes...”. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Agustín Goiburú y otros versus República del Paraguay, que dictó sentencia el 22 de setiembre de 2006, en una parte de su extensa justificación jurídica expresa: “La Corte considera que la preparación y ejecución de la detención y posterior tortura y desaparición de las víctimas no habrían podido perpetrarse sin las órdenes superiores de las jefaturas de policía, inteligencia y del mismo jefe de Estado de ese entonces, o sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en diversas acciones realizadas en forma coordinada o concatenada, de miembros de las policías, servicios de inteligencia e inclusive diplomáticos de los Estados involucrados. Los agentes estatales no solo faltaron gravemente a sus deberes de prevención y protección de los derechos de las presuntas víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la Convención Americana, sino que utilizaron la investidura oficial y recursos otorgados por el Estado para cometer las violaciones. En tanto Estado, sus instituciones, mecanismos y poderes debieron funcionar como garantía de protección contra el accionar criminal de sus agentes. No obstante, se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar, ejecutada mediante la colaboración interestatal señalada. Es decir, el Estado se constituyó en factor principal de los graves crímenes cometidos, configurándose una clara situación de “terrorismo de Estado”. Por otra parte ese mismo órgano jurisdiccional interamericano de derechos humanos, en la causa González y otros versus Estados Unidos Mexicanos, de fecha 16 de noviembre de 2009 señaló:… “Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si este ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”. A modo de conclusión La sentencia judicial por la cual se condena al capitán Astiz y varios de sus compañeros represores, por delitos calificados como de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del gobierno militar en la República Argentina de 1976 a 1983, constituye un ejemplo claro que la justicia tarda, pero llega y con más razón cuando se trata de hechos tan deleznables que por su gravedad no solo constituyen una afrenta a la sociedad del país donde se efectuaron estos hechos ilícitos, sino para toda la humanidad en su conjunto, pues denigra la esencia misma de la vida como máximo atributo del ser humano y que como tal debe ser respetado y garantizado por las leyes. El poeta Mario Benedetti, quien escribiera sobre los desaparecidos latinoamericanos, dijo: “Están en algún sitio / concertados / desconcertados / sordos buscándose / buscándonos / bloqueados por los signos y las dudas contemplando las verjas de las plazas / los timbres de las puertas / las viejas azoteas ordenando sus sueños, sus olvidos / quizá convalecientes de su muerte privada…”. Deseo culminar estas líneas recordando al gran escritor argentino Jorge Luis Borges, quien en una de sus declaraciones a la prensa, relata su experiencia sobre “los desaparecidos” expresando: “Una tarde vinieron a casa las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a contarme lo que pasaba. Algunas serían histriónicas, pero yo sentí que muchas venían llorando sinceramente porque uno siente la veracidad. Pobres mujeres tan desdichadas. Esto no quiere decir que sus hijos fueran invariablemente inocentes, pero no importa. Todo acusado tiene derecho, al menos, a un fiscal para no hablar de un abogado defensor. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado. Cuando me enteré de todo este asunto de los desaparecidos me sentí terriblemente mal. Me dijeron que un general había comentado que si entre cien personas secuestradas, cinco eran culpables, estaba justificada la matanza de las noventa y cinco restantes. ¡Debió ofrecerse él para ser secuestrado, torturado y muerto para probar esa teoría, para dar validez a su argumento...” Descanse en paz, en la gloria del Todopoderoso, nuestra compatriota y luchadora social Esther Ballestrino de Careaga. por Embajador Carlos Fleitas

El trato a los testigos víctimas

2012-01-26T11:55:52Z

“¿Cuántas preguntas deben soportar?” ¿Cuántas veces debe ir a declarar un testigo-víctima sobre el mismo hecho? ¿Cuántas repreguntas sobre su dolor y su pasado debe soportar? ¿Cuántas semanas pueden pasar desde su última declaración hasta el cierre del juicio y la obtención de una sentencia? Si la respuesta es la palabra “infinitas”, estamos frente a la verdad de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina entre 1974 y 1983. Una triste comprobación cotidiana es observar a la burocracia judicial en la rutina de citar testigos de estas causas sin diferenciarlas de las otras. Sorprendió, por ejemplo, que las citaciones se realizaran por medio de los “notificadores policiales”, es decir, recurriendo a instituciones que habían participado en la represión. Así, muchos testigos debieron atender el llamado a sus puertas de alguien que les traía “una notificación del juzgado” y ver que, frente a su domicilio, había un vehículo con gente uniformada, con la misma actitud autoritaria habitual o, aun, que quizás había participado en la acción objeto de tal citación. Cierto que nuestra legislación permite que las notificaciones las realice la policía, pero también prevé la posibilidad del uso de telegramas, cartas certificadas o formas habituales como los oficiales de Justicia. Muchos testigos fueron tratados de una manera que implicó violencia y menoscabo de derechos elementales. El dispar tratamiento en el país dividió enseguida a los tribunales en sensibles e insensibles. Quizá podamos hablar de juzgados hostiles: son aquellos donde no se permite al testigo víctima, o al testigo familiar, que relate íntegramente lo que le ha sucedido. Bajo el latiguillo jurídico de “no forma parte del objeto procesal”, se ha impedido brindar el marco completo en que se dio el terrorismo de Estado en la Argentina y en particular en el caso que el testigo expone. ¿Cómo no va a importar lo que había ocurrido con un militante político o sindical seis o siete meses antes de su secuestro? Poner limitaciones a los testigos podrá ser una atribución de los jueces, pero no de otros como empleados judiciales o abogados de las partes. Si algo demuestra que ha existido desconsideración para con los testigos es la ausencia de conexidad y de elaboración de un mapa de testigos, que los juzgados de instrucción y los tribunales orales debieron formular cuando se pusieron en marcha los juicios: era imprescindible que los jueces, encargados de recibir los testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos, advirtieran que no se los podía citar para dar testimonio en más de un caso, o citarlos de nuevo “porque surgieron dudas”, o citarlos por tercera vez para hacer un reconocimiento de fotografías de los represores. Ni que hablar de la necesidad de entender que, a 33 años de los hechos, existen recuerdos reprimidos y recuerdos recobrados, que obligan a la paciencia de quienes escuchan los testimonios. La posibilidad de realizar una sola y extensa audiencia para los llamados “testigos clave” también ha fracasado. Existen testigos que, por el hecho de haber estado detenidos en tres o cuatro centros clandestinos, debieron presentarse en cuatro causas para declarar lo mismo. A todo ello debemos sumar que esas audiencias se realizan en los juzgados de instrucción y que, luego de uno o dos años, serán citados nuevamente por los miembros del Tribunal Oral Federal, encargado de dictar las sentencias de absolución o de condena, para que expongan públicamente todo cuanto saben. El concepto de “testigos contenidos” recién se ha puesto en marcha en algunos juicios orales de Mar del Plata y San Martín: quienes debían brindar testimonio fueron contactados, semanas antes de su presentación, por funcionarios de los programas estatales Verdad y Justicia, o por los equipos de psicólogos del Programa de Protección de Testigos o de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o de las secretarías provinciales. Pero han sido casos excepcionales. No se habla de ofrecer protección. Como no hay ley o decreto que obligue a ello, los empleados judiciales no ponen en conocimiento de los testigos la existencia de programas de protección, que les pueden brindar cierto alivio. No estaría mal que, en el mismo documento que se le deja para notificarlo, figure una referencia a los programas mencionados. Si bien la mayoría de los testigos que hemos conocido se ha negado a la asistencia del sistema de protección de testigos –no les causa ninguna gracia verse custodiados por alguien que pertenece a una fuerza policial–, también es cierto que ha habido amenazas telefónicas, pintadas, hechos que muestran lo importante que sería para el testigo saber que el Estado, de una u otra manera, ha decidido ocuparse de su suerte. El momento culminante es cuando los testigos, que ya habían declarado en la sede de un juzgado de instrucción, vuelven a ser llamados para el juicio oral. Las mujeres y los hombres dispuestos a declarar tendrán que saber esperar horas y horas en una sala especial, o un pasillo a la vista de todos los que por allí pasen, o hasta en hoteles a metros del tribunal, hasta el momento en que son llamados a testimoniar. Tendrán que soportar preguntas como “¿A qué organización política pertenecía usted?”, formuladas por los abogados de los encausados, en algunos tribunales dispuestos a admitir que se actúe curiosa o intrusivamente. En un tribunal oral federal, no se evidenció suficiente tacto y serenidad en las audiencias que trataban el delicado testimonio de la madre de un adolescente que, a las 14 años, había sido vejado por un grupo de tareas de la dictadura. Colmados de expectativas, angustias, preocupaciones, prejuicios, fobias, creencias, nuestros testigos deambulan por los pasillos de los tribunales: para ellos esperamos del Estado, de los gobiernos y de los jueces, un trato digno. * Médico psiquiatra. ** Psicóloga. *** Abogado. Texto extractado de “El maltrato judicial”, capítulo de Repetición, duelo y resignificación, trabajo realizado en el Centro de Salud Mental Nº 1 Por Marcos Weinstein *, Liliana Negro ** y Pablo Llonto ***