La Cámara Federal de Mendoza confirmó el rechazo a la excarcelación del ex militar Jorge Antonio Olivera, acusado del secuestro de la actual magistrada Margarita Camus. También se lo vincula con la desaparición de la joven franco-argentina Marianne Erize
12/01/2010
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La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó un fallo que rechazó la excarcelación del ex mayor Jorge Antonio Olivera, en el marco de la causa que se le sigue por el secuestro e imposición de tormentos de la actual jueza de la provincia de San Juan Margarita Camus.
El tribunal ratificó así la decisión del juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo que le negó el beneficio a Olivera. La cámara señaló que existen indicios de que el ex militar, en caso de concederle la excarcelación, podrá eludir el accionar de la justicia al intentar profugarse.
Olivera fue detenido el 3 de noviembre de 2008 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y en ese momento, al ser identificado por personal policial, el imputado intentó darse a la fuga. Además, se le secuestraron tres DNI con diferentes nombres pero con la foto de su rostro y dos licencias de conducir con las mismas características, entre otros elementos.
Esa circunstancia, indicó el tribunal, “constituye prueba suficiente a los efectos de tener ‘prima facie’ por acreditado la existencia del peligro procesal que justifica el mantenimiento de la medida coercitiva”.
La detención de Olivera había sido ordenada el 7 de noviembre de 2007, en el marco de la investigación por los delitos de tormentos agravados y lesiones agravadas en perjuicio de Margarita Rosa Camus, en oportunidad de estar detenida en el Instituto Penal de Chimbas, en San Juan, a partir del 25 de noviembre de 1976, en los que, además de Olivera, resultaron en principio penalmente responsables Juan Bautista Menvielle, Osvaldo Benito Martel, Eduardo Daniel Vic y Alejandro Manuel Lazo.
Olivera también está imputado por la desaparición de la joven franco-argentina Marianne Erize, entre otros delitos cometidos durante el último gobierno de facto, considerados crímenes de lesa humanidad.
Fuente: www.cij.gov.ar