El Congreso de la Nación aprobó recientemente una Ley por la cual los ex funcionarios civiles de la última dictadura militar, con rangos de presidente a subsecretario, van a dejar de cobrar las jubilaciones de privilegio que aún reciben.
Dicha ley fue publicada hace unos días en el Boletín Oficial de la Nación y entrará en vigencia en 90 días. En la lista, que contiene 14 nombres encumbrados del establishment que sostuvo al último gobierno de facto, figura el empresario yerbatero propietario del establecimiento “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza.
En lo esencial, la ley 26.475 declara “extinguidos” a partir de ahora los beneficios para “todos los funcionarios que se desempeñaron como presidente de la Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, en organismos descentralizados o entidades descentralizadas y administraciones públicas del llamado proceso de reorganización militar”. Los ex funcionarios no sólo cobraban una jubilación de privilegio, sino que contaban con regímenes especiales. Por ejemplo, no cobraban el promedio del sueldo de los últimos diez años sino que se retiraban con el último sueldo, en general, el más alto.
Entre los nombres de la lista están el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; Roberto Alemann, ex ministro de Economía de Leopoldo Galtieri; José María Dagnino Pastore, ministro de Economía de Reynaldo Bignone; y Juan Alemann, secretario de Hacienda de Videla; entre otros.
Cabe recordar que, de acuerdo con el trámite iniciado en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, en el establecimiento yerbatero “Las Marías” se produjeron desapariciones, torturas y persecuciones durante la dictadura, hechos por los cuales fue denunciado Adolfo “Toco” Navajas Artazas. El empresario, quien además de desempeñarse como gobernador de facto de Corrientes a mediados de la década del 60, cumplió tareas de ministro de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión del dictador Reynaldo Benito Bignone, en el tramo final de la última dictadura militar.
En el establecimiento de su propiedad, se denunciaron las desapariciones de los gremialistas rurales Nery Pérez y Marcelo Peralta, además de torturas y persecuciones de otros trabajadores del lugar, según el expediente 1-19.067/06, radicado en Paso de los Libres. La causa fue derivada al Juzgado Federal de Corrientes por las inéditas inhibiciones en cadena de los magistrados y sus subrogantes, por tener lazos familiares o amistosos con Navajas Artaza.