Proyectos Desaparecidos - Notas

Los archivos, a los que accedió LA REPUBLICA, contienen documentos
esclarecedores sobre la llamada "Operación Cóndor", creada el 26 de
noviembre de 1975 durante una reunión convocada por el jefe de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, en Santiago de Chile,
donde Uruguay fue representado por el coronel José A. Fons, del SID. Aquella
reunión fue inaugurada por el propio Augusto Pinochet en la sede de la Academia
de Guerra, donde el general Contreras recibió al capitán de navío Jorge Casas
(Argentina), al mayor Carlos Mena (Bolivia), al coronel Benito Guanes Serrano
(Paraguay) y al coronel Fons (Uruguay), quien propuso bautizar la operación con
el nombre "Cóndor" en honor a los anfitriones.

"Cóndor 1" a "Cóndor 5"

En la documentación se confirma que los cinco países miembros de la
"Operación Cóndor" se numeraron por orden alfabético: Argentina era
el "Cóndor 1", Bolivia el "Cóndor 2", Chile el
"Cóndor 3", Paraguay el "Cóndor 4" y Uruguay el
"Cóndor 5". Brasil figuraba formalmente en la operación aunque
colaboraría en la coordinación represiva con sus vecinos.

Uno de los documentos obtenidos por LA REPUBLICA está fechado en Buenos Aires
el 9 de abril de 1976 (pocos días después del golpe de Estado en Argentina y
antes del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz) y allí el
"Cóndor 1" (Argentina) le pide al "Cóndor 5" (Uruguay)
confirmar la documentación de un ciudadano salteño sobre quien preguntan si
era "de interés para el servicio". La documentación incluye fichas
de intercambio de faxes con los demás integrantes de la Operación Cóndor, que
se enviaban con un cifrado secreto que sólo era posible decodificar por
personal especialmente entrenado. Los archivos ahora desclasificados incluyen
los nombres de los oficiales uruguayos a cargo de esa tarea, cuyo testimonio
será muy útil a la Justicia.

"El Jefe del Condorop"

Otro de los archivos es una carta oficial del Departamento III
(Planes-Operaciones-Balance) del Servicio de Información y Defensa, que aparece
firmado por "El Jefe de Condorop" (Operación Cóndor) y tiene la
firma del entonces mayor José "Nino" Gavazzo, quien hasta la fecha
había negado a la Justicia su participación en ese operativo represivo
internacional.

El documento está fechado el 16 de agosto de 1976, es decir, luego del primero
de los secuestros masivos que Gavazzo y la "patota" de la OCOA
(Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas) realizaron en Buenos Aires
para el traslado ilegal de 23 uruguayos que fueron torturados en el centro
clandestino Automotores Orletti. La carta confirma, a la vez, que Gavazzo era el
"jefe de la Condorop" cuando en setiembre de 1976 se realizó otro
masivo secuestro de 22 uruguayos, quienes luego de su captura y tortura en
Orletti fueron trasladados ilegalmente en el llamado "segundo vuelo" a
Montevideo, donde aún permanecen desaparecidos.

El "Decálogo" del Cóndor

Las investigaciones realizadas en los últimos años desde LA REPUBLICA y, en
particular, el testimonio del informante que aportó los datos para hallar a
Simón Riquelo y denunciar el "segundo vuelo" de Orletti en 2002,
permiten sintetizar un "decálogo" con las "reglas" que
tenía la "Operación Cóndor":

1- Por la red de información se solicitaban datos y capturas o se informaba
sobre la detención de sospechosos cuya identidad se buscaba confirmar.
(Diversos casos fueron denunciados a lo largo de los años, pero ahora han
aparecido facsímiles del intercambio de comunicación entre los miembros de la
"Operación Cóndor", que son explícitos al respecto)

2- Si el detenido era "de interés" de los represores de su país de
origen, se transformaba en "objetivo" y se enviaba a agentes para su
interrogatorio. (Es claro el testimonio de Antonio Viana Acosta, secuestrado a
principios de 1974. Del mismo modo ocurrió en 1976 con la detención policial
de Gerardo Gatti en Buenos Aires, que motivó primero un intento de extorsión y
llevó luego a los operativos desde Orletti)

3- El agente "visitante" era recibido por una división policial
especializada ("extranjería") ante quien debían reportar sus
acciones en suelo extranjero. (En Argentina, era la División Extranjería de la
Superintendencia de la Policía Federal, que comandaba el comisario Alberto
Villar, uno de los jefes de la Triple A, quien había sido contacto de los
represores uruguayos desde 1973).

4- Las operaciones de secuestro las realizaban las fuerzas locales en presencia
del "visitante", quien no debía utilizar su arma si no había
enfrentamiento. (Matilde Rodríguez Larreta identifica a argentinos al mando,
pero oye voces uruguayas en el operativo de secuestro de Héctor Gutiérrez Ruiz
en mayo de 1976. Lo mismo han testificado los sobrevivientes del primer vuelo de
Orletti. Un uruguayo siempre se escuchaba entre las voces de la patota
argentina)

5- Los represores locales llevaban al secuestrado a un centro clandestino de
detención ("pozo") donde el agente visitante lo torturaba por datos o
dinero. (Hasta 1976, en Argentina se utilizaba la sede de
"Coordinación" Federal o la Brigada de San Justo. Luego del golpe de
Estado argentino se crearon los pozos de Orletti, ESMA Banfield y Olimpo. En
todos ellos hubo víctimas uruguayas.)

6- El "botín de guerra" se repartía en tercios: uno para los
"visitantes", otro para el "grupo de tareas" local y el otro
para "extranjería", que despejaba el área. (El dinero robado a las
víctimas de Orletti fue utilizado en el enriquecimiento propio o en la compra
de otras bases de tortura en Argentina (en Coronel Díaz 2079 aún funciona la
base antiterrorista) y Uruguay (la "Casona de Millán" y la "Base
Valparaíso", desde la cual construyeron edificios que luego vendieron)

7- Ningún agente local debía liquidar a "extranjeros", salvo
durante un tiroteo o con autorización expresa de las autoridades de su país de
origen. (No fueron argentinos los asesinos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Toda
muerte o desaparición era resuelta por el país de origen. Incumplimientos de
esta regla generaron roces, como cuando fueron ejecutados Hugo Méndez Donadio y
Francisco Candia como represalia por un atentado de los Montoneros).

8- "Cada cual se hace cargo de su propia basura", decían para
justificar la repatriación ilegal de ciudadanos o evitar la ejecución de un
extranjero. (Eso implicó el traslado de los secuestrados a su país de origen
en todos los casos, salvo cuando ya habían muerto durante su captura o durante
la tortura. Luego debían ser ejecutados y difundir que habían regresado
clandestinos o hacer desaparecer sus cuerpos)

9- La muerte, durante la detención, el interrogatorio o por ejecución para su
desaparición, se conocía como pasar al "objetivo" a
"disposición final". (La repatriación implicaba la disposición
final de las víctimas. La existencia de sobrevivientes uruguayos en Orletti
provocó una fuerte ruptura entre las patotas de Argentina, que no querían
testigos vivos, y de Uruguay, que necesitaba mostrar guerrilleros operando en
territorio nacional y fraguó la captura del "primer vuelo" en el
chalet "Susy" del balneario Shangrilá)

10 ­ Los hijos de víctimas de desaparición también se repartían procurando
que no quedaran en su país de origen para dificultar su recuperación. (Esta
regla explica por qué los niños uruguayos desaparecidos fueron recuperados en
manos de militares o policías argentinos. Macarena Gelman apareció en Uruguay,
mientras Anatole y Victoria Julien terminaron abandonados en Chile. Aún hay en
Uruguay niños desaparecidos).

La "Operación Cóndor" tenía tres fases explícitas de acción,
acordadas entre los cinco países miembro.

Primero: crear una red de información compartida y complementaria.

Segundo: realizar secuestros, interrogatorios, tortura y desapariciones dentro
de América Latina.

Tercero: ejecutar operativos selectivos, incluso en Europa (el ministro chileno
Bernardo Leighton sufrió un atentado en Roma en 1975) o en Estados Unidos (el
ex canciller chileno Orlando Letelier fue asesinado en Washington en 1976).

Varios de los objetivos selectivos se concretaron en Buenos Aires, donde fueron
asesinados el general chileno Carlos Prats en setiembre de 1974, los
legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de
1976, y el general boliviano Juan José Torres en junio de 1976.