Más de 30 testigos han dado su testimonio en la Audiencia Nacional española sobre las masacres que se cometieron durante el conflicto armado.
Los testimonios son parte del proceso de genocidio que promovió en ese país Rigoberta Menchú contra cinco generales en situación de retiro y dos civiles.
Pese al número de víctimas que señala a los militares, Menchú manifestó que aún falta que viajen más testigos, para que sus relatos fortalezcan el fundamento del proceso en ese país.
“También se presentaron informes sobre el genocidio que se perpetró en la guerra interna, y lo que falta es que sean capturados los responsables de esos crímenes de lesa humanidad”, expresó la premio Nobel.
Por olga lópez ovando
Agrupaciones de derechos humanos solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) terminar con la impunidad, la cual —afirman— se ha evidenciado en la resolución de varios casos de desapariciones forzadas y masacres.
La premio Nobel Rigoberta Menchú y los activistas Helen Mack, Elena Farfán, Mario Polanco y Nery Rodenas denunciaron la parcialidad con la que han actuado jueces y magistrados, para favorecer a militares que participaron en esos crímenes y desapariciones.
El primer caso se refiere a la desaparición forzada de siete miembros de una familia en la aldea El Jute, Chiquimula, en 1981, por el que son sindicados el militar retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa y tres ex comisionados.
La activista Farfán expresó: “El 12 de diciembre del 2008, la Cámara Penal otorgó, de manera maliciosa, amnistía al coronel Sánchez Samayoa y a los ex comisionados José Ríos Martínez, Gabriel Álvarez Ramos y Salomón Álvarez Maldonado, responsables de la desaparición de aquellas personas”.
La Fiscalía apeló en la Corte de Constitucionalidad (CC), la que enmendó la plana a la CSJ, y ordenó un nuevo fallo.
Menchú afirmó que se evidenció la parcialidad con que actuaron los magistrados de esa cámara, presidida por Francisco De Mata Vela, porque al haber dejado sin efecto los delitos, los acusados recobraron su libertad.
Rodenas afirmó: “Los magistrados interpretan de manera maliciosa la Ley de Reconciliación, porque el artículo 8 claramente dice que la extinción de la responsabilidad a la que se refiere esa ley no será aplicable a delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, y a los que son imprescriptibles”.
El Juzgado Undécimo de Instancia Penal, el 9 de abril del 2008, ordenó enviar a juicio a los ex integrantes del Ejército, sindicados.
Mack dijo que en la masacre de Las Dos Erres, ocurrida el 6 y 8 de diciembre de 1982, también la CSJ está tratando de beneficiar a los militares involucrados.
Los activistas exigen a los magistrados actuar apegados a Derecho. Su petición fue entregada al presidente de la CSJ, Rubén Eliú Higueros, quien comentó que acatarán el fallo de la CC.